El Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Huesca ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno contra la resolución de este juzgado que requería a la Generalitat que comunicara al gobierno de Aragón, a más tardar este 25 de julio, la forma en que piensa trasladar los 44 bienes de Sigena que se encuentran en el Museo de Lérida que están en litigio. Cabe recordar también que la jueza fijó el 31 de julio como fecha límite para hacer esta entrega. En su escrito, la magistrada considera que con el recurso presentado por la Generalitat "no se aporta fundamento jurídico alguno en relación con el fondo del asunto, manteniéndose la resolución dictada en todo su contenido respecto a los 44 bienes restantes y que consta en el auto del 27 de junio y en su aclaración, con fecha de 29 de junio, con las advertencias legales realizadas". En este sentido, la juez advirtió que si la Generalitat incumple la orden de traslado provisional, podría ser acusada de un delito de desobediencia.
La juez remarca en su escrito, citando al Tribunal Constitucional, que si las sentencias no se cumplieran sería una mera declaración de intenciones sin fuerza jurídica alguna. Asimismo, recuerda que los 44 bienes en litigio que se encuentran en el Museo de Lérida están afectos a un monumento nacional –declarado como tal en 1923 por el Estado- y que su venta fue anulada, motivo por el cual ordena su traslado al Monasterio de Sigena. En el último recurso de reposición presentado contra la sentencia del Juzgado número 1 de Huesca que le obliga a entregar las 44 piezas de Sigena que se encuentran en el Museo de Lérida, la Generalitat alegaba que los bienes no podrían salir de este equipamiento museístico sin que antes el Consorcio del Museo ejerciera su derecho de defensa. El Gobierno insistía en pedir que se detuviera la ejecución provisional de la sentencia que obliga a entregar el arte y que se permitiera a dos técnicos designados por el Departamento de Cultura que puedan comprobar in situ e informar sobre las condiciones en que se encuentran los bienes expuestos provenientes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), entregados el año pasado. En el recurso, el Gobierno también aducía la imposibilidad del retorno dado que los bienes afectados se encuentran en manos de terceras personas ajenas al pleito o a la falta de condiciones físicas de las instalaciones del Monasterio de Sigena para recibirlos. Además, la Generalitat alegaba la posesión del Monasterio de Sigena por terceras personas ajenas al proceso (Comunidad de Belén), y que los bienes objeto de esta ejecución profesional conforman una colección que no puede ser disgregada, de acuerdo con la Ley Catalana de Patrimonio Cultural. Por otra parte, la Generalitat esgrimía que, de acuerdo con la función social del Derecho de Propiedad, le corresponde el ejercicio de las competencias jurídico-públicas sobre los bienes procedentes de Sigena, dado que son unos bienes sometidos a la Administración catalana. Recordemos que cuando apenas se estaba a punto de cumplir el año del plazo que fijó la jueza de Huesca para entregar los bienes de Sigena el 25 de julio de 2016 –ahora hace un año-, la magistrada emitió el 27 de junio pasado un nuevo auto fijando nuevos plazos en el litigio para hacer cumplir la sentencia provisional. Un primero para el 25 de julio, esta vez de 2017, para informar del cómo y el cuándo de la entrega, y un segundo para el 31 de julio, para hacerlo efectivo. Hasta el momento, la Generalitat no ha comunicado cómo y cuándo piensa llevar a cabo el traslado, a pesar de que este martes finaliza el plazo impuesto por la juez para notificarlo al gobierno de Aragón. En el auto del 27 de junio la juez de Huesca también advertía que si la Generalitat incumple la orden de traslado provisional, podría ser acusada de un delito de desobediencia.
