Hasta siete unidades móviles de la policía municipal, una dotación de bomberos, máquinas para proceder a la demolición de la empresa URCOTEX y dos vehículos de la grúa perpetúan hoy una intervención que se alargó ayer lunes hasta el anochecer en el Turó de la Rovira, en el Distrito de Horta-Guinardó. Los agentes desembarcaron por sorpresa de los vecinos a primera hora de la mañana y entraron en una vivienda de la calle Labèrnia. El propietario, Lluís, quien reside en la zona desde hace años con su mujer, les pidió justificación judicial. La policía omitió su obligación y les advirtió simplemente que en una hora debían dejar el piso vacío para proceder a la demolición. Él les entregó las llaves pero igualmente los funcionarios, acompañados de técnicos municipales, forzaron un par de puertas y rompieron una entrada de vidrio en una actuación que podría enmarcarse claramente dentro de la consideración legal de abuso de autoridad. La orden judicial se había emitido el 4 de enero, e instaba a actuar al cabo de un mes, el 4 de febrero, y no antes. Fue emitida omitiendo información por parte de funcionarios administrativos, hecho que podría ser investigado como delito de prevaricación. La orden además, ignoró dos medidas cautelares, es decir, dos recursos en contra de la expropiación que se habían presentado entre 2018 y 2019 y que aún no han sido resueltos. Aunque los caminos de la justicia son complejos y que ciertamente hay vías que la esquivan, a priori legalmente no se puede dictar, de manera unilateral como es el caso, la obligación de desalojo cuando no existe una sentencia firme, o al menos una respuesta a los recursos aprobados. De igual manera, la actuación debe notificarse con antelación, y no se ha hecho. Y por último, los agentes tienen permiso para entrar en el domicilio que estipula la orden, en este caso la finca de la calle Panorama, y no la de la calle Labèrnia donde procedieron. El consistorio municipal anunció en 2014 la voluntad de expropiación de dos de las 3 casas que ayer clausuraron. Querer desocupar la tercera, llevarse los vehículos que tenían aparcados, con las respectivas llaves que aún no han aparecido, "deportar" 2 perros y 5 gatos al Centro de Acogida de Animales de Compañía y pretender derribar sin esperar el plazo de tres días hábiles para presentar alegaciones todas las fincas, vulnera derechos, principios y legislación. El proceso de expropiación se pone en marcha en el marco del proyecto de Gran Parque Urbano de los Tres Turons. Una voluntad de la administración que viene de lejos, y que tuvo su punto de inflexión en 2010, con la modificación pertinente del Plan General Metropolitano, que terminó de adecuar las condiciones legales necesarias para convertir 123 hectáreas de los Turons de la Rovira, el Carmel y la Creueta del Coll, en una gran "Zona Verde" para algunos, o en un gran "Parque Temático" para los demás. 300 familias en un principio, y actualmente cerca de 100, permanecen pendientes de que el consistorio les ordene abandonar sus propiedades. En el caso de Lluís, el Ayuntamiento alega irregularidades en la construcción de la finca. El abogado de la familia, Juanjo Muñoz asegura que "la mayoría de estas casas tienen 50 años y algunas de ellas cerca de un siglo. Muchas realizaron ampliaciones durante los años 80, pero en aquellos momentos no había ninguna regulación sobre la zona". El consistorio, por otra parte, pone como excusa para la intervención también, un posible negocio turístico desarrollado en los últimos años. "Es cierto que la finca estuvo anunciada a través de Airbnb, pero esto sucedió cuando existía aún un vacío legal en torno a esta plataforma. Además, este hecho no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de desalojo. Si se utiliza se hace en todo caso para desprestigiar". A pesar de las circunstancias económicas y sociales actuales, el Ayuntamiento no ha dado ninguna alternativa a la familia, más que dos noches para dormir en una pensión. El Gobierno Municipal prevé indemnizarles con 150.000 euros en concepto de la expropiación mientras que los abogados, que seguirán luchando, aseguran que las fincas tienen, como mínimo, un valor de 3 millones. Lluís recibe de momento la ayuda y la solidaridad de sus vecinos, que le acogen provisionalmente. Todos juntos, sin embargo, contemplan impotentes cómo la cima del Turó de la Rovira, con la excusa de una proliferación turística que la administración misma ha promocionado, será cerrada de momento este verano mediante una estructura de 2 metros de alto que costará 671.565 euros. Y por otro lado, ven sin posibilidad de hacer nada más que protestar y seguir buscando alternativas, cómo la amenaza de la concreción del resto de expropiaciones es inminente. Las casas suponen sólo un 5% del total de superficie del parque que contempla el nuevo proyecto. El consistorio, de momento, es inflexible con sacar adelante la actuación prevista, amparada por la justificación de un espacio verde que enmascara especulación y conveniencia de negocio, y que sigue el guión calcado de otros lugares como el Park Güell o el barrio de Vallcarca.
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