El Ayuntamiento de Deltebre (Baix Ebre) sigue buscando una salida, judicial y financiera, a la "pesadilla" en la que se ha convertido la construcción y puesta en funcionamiento del complejo deportivo municipal. Abierto en 2002 –con un coste que se disparó hasta los 5,3 millones de euros– y cerrado desde septiembre de 2014, el consistorio mantiene abiertos hasta diez procedimientos judiciales con la anterior empresa concesionaria, Trevol, y también su matriz, Construcciones Feu, ambas en proceso de liquidación concursal. Tras conseguir la extinción definitiva de la concesión, sin embargo, el gobierno municipal quiere reabrir las instalaciones. Será de forma progresiva, en dos o tres años, y sin cubrir, de momento, todas las carencias detectadas y que debían asumir los concesionarios. Esto tendrá un coste de unos 671.000 euros, que quieren cubrir con el apoyo de otras administraciones. El gran quebradero de cabeza, sin embargo, son los litigios abiertos: si el resultado de todos fuera negativo, el Ayuntamiento podría verse obligado a pagar 4,5 millones de euros.
Con la resolución definitiva de la concesión, el consistorio tiene ya manos libres para actuar en el equipamiento. Esto le ha llevado a encargar un peritaje para detectar las "patologías" que presenta: es decir, las carencias de material y necesidades de mantenimiento, que eran responsabilidad de la concesionaria pero que no habría asumido efectivamente. "La empresa no lo tenía en condiciones ni hacía inversiones", ha precisado el alcalde de Deltebre, Lluís Soler (PDECat). Así pues, para reabrir cumpliendo la normativa actual y los servicios incluidos en el contrato de la concesión, el consistorio debería invertir ahora alrededor de 1,5 millones de euros. Un informe, incorporando esta cifra, que tramitarán a los juzgados para que se incorpore en los diferentes procedimientos judiciales con las empresas exconcesionarias por las diferencias sobre la liquidación económica de la concesión.Se trata, sin embargo, de una cantidad demasiado elevada, dadas las circunstancias del equipamiento, indica Soler. "No podemos pagar eso porque ante la situación de vías públicas y de las necesidades del Ayuntamiento es imposible de sufragar y éticamente no podemos hacerlo", ha advertido. De hecho, aparte de los 5,3 millones de euros que ya costó la obra, incluyendo numerosos sobrecostes, el consistorio había pagado a la primera concesionaria –Eucagest– 76.000 euros anuales en concepto de canon entre 2002 y 2007. Con el relevo de esta sociedad por Trevol, a finales de 2007, el canon se incrementó a 215.000 euros hasta el año 2014. Según ha recordado Soler, una sentencia de 2014 declaró ilegal el incremento del canon durante este último período, por lo que el consistorio habría pagado de forma indebida hasta 1.137.000 euros a la concesionaria para que pusiera en servicio las piscinas exteriores, sin que se llegaran a abrir. Los procedimientos legales por este caso ya han costado también unos 100.000 euros en abogados.
Así las cosas, el gobierno municipal ha decidido ahora redactar un proyecto ejecutivo de "mínimos", que debe aprobar la semana que viene, para poder reabrir las instalaciones con una inversión de 671.000 euros. El proceso, programado con cuatro sectores, se alargaría durante entre dos y tres años. Así, Soler ha explicado que repararían las filtraciones del tejado en vez de cambiarlo; se abrirán cuatro de los doce vestuarios y de las dos piscinas exteriores, sólo se pondrá en servicio la mayor. A corto plazo, la idea es poder reabrir, este mismo año, la piscina cubierta y el polideportivo. Posteriormente, se adecuarían las pistas de pádel, la piscina exterior, las pistas de tenis y, por último, la urbanización del entorno. Pero cumplir o acortar los plazos, ha admitido el alcalde, dependerá de la capacidad de conseguir los recursos para el proyecto. Confían en la ayuda y aportaciones de otras administraciones, como la Generalitat y la Diputación de Tarragona.
Pero más allá de conseguir esta financiación, el gran problema del consistorio se encuentra en los juzgados. "Creo que pocos equipamientos deportivos de Cataluña tienen diez procesos judiciales abiertos", ha señalado Soler. Unos litigios -cinco de los diez siguen activos- tanto con la concesionaria, Trevol, como su matriz, Feu Construcciones, y que en algunos casos ya han llegado hasta el Tribunal Supremo. De hecho, el consistorio ha planteado un conflicto jurisdiccional a esta instancia para que los conflictos pendientes sobre el balance económico de la concesión se resuelvan por la vía del contencioso administrativo y no del mercantil, dado que ambas sociedades se encuentran en procedimiento concursal. El alcalde entiende que en el contencioso, si las resoluciones son finalmente favorables, el consistorio sólo tendría que hacerse cargo de la inversión para reabrir. En cambio, si es arrastrado dentro del concurso al Mercantil, calcula que, en el peor de los casos, perdiendo todos los litigios, podrían resultar obligados a pagar unos 4,5 millones de euros. "Pondría en claro peligro la hacienda municipal", ha advertido.
