Agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) del parque natural del delta del Ebro y del cuartel de Sant Carles de la Ràpita de la Guardia Civil han decomisado durante este verano un millar de cangrejos azules, con unos 170 kilos de peso, cuando eran pescados o transportados de forma irregular. El operativo, que se inició el pasado mes de julio a raíz de las quejas de pescadores profesionales del Delta, culminó este pasado 11 de septiembre con la intercepción de un vehículo de alta gama en el que viajaban dos ciudadanos chinos que habrían adquirido 302 ejemplares de la especie invasora en Sant Carles de la Ràpita. Según el instituto armado, pretendían comercializarlos sin pasar por los controles sanitarios legales y fueron denunciados por cometer numerosas infracciones a la Ley de Pesca Marítima. El primer decomiso de cangrejo azul efectuado por la Guardia Civil en el marco de este operativo tuvo lugar el pasado 28 de julio en el canal de la Gaita, en el término municipal de Amposta. Allí sorprendieron a una persona de origen chino pescando cangrejo azul sin la requerida autorización. Según la versión de los agentes, en el momento en que le comunicaron que sería sancionado, les habría ofrecido dinero para librarse. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de soborno.
Poco después, el 7 de agosto, en la bahía de los Alfacs, en un canal próximo que abastece la laguna de la Encanyissada, sorprendieron a dos personas, también de origen chino, marisqueando con cuatro líneas durmientes. Detrás de unos matorrales descubrieron también una caja con varios ejemplares de cangrejo azul. Ambos manifestaron no disponer de los permisos para pescar la especie invasora y fueron también denunciados por infringir la Ley de Pesca Marítima.
Todos los ejemplares decomisados, más de un millar, fueron donados a un centro benéfico de Amposta después de comprobar que eran aptos para el consumo humano. El instituto armado ha recordado que, a pesar de tratarse de una especie invasora, su captura incontrolada fuera de las vías legales impide conocer el destino que se da al producto, "causando un peligro para la proliferación incontrolada de esta especie" y "suponiendo un grave riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud alimentaria". Aunque desde 2016 se otorgan licencias para su pesca, son "muy pocos" los profesionales del sector que disponen de ellas en la zona.