Continúa la guerra laboral y sindical en la Sagrada Familia

El SUT (Solidaridad y Unidad de los Trabajadores) impugnará el despido excepcional de 231 empleados del Servicio de Atención al Público anunciado la semana pasada por Magmacultura, la empresa subcontratada por la Junta Constructora de la Sagrada Familia para gestionar las tareas de venta de tickets, información, guía, asesoramiento y vigilancia en el recinto. La decisión fue tomada de manera unilateral por la dirección de esta sociedad que hace negocio también con otros equipamientos culturales de la ciudad de Barcelona como son el MNAC o el Museo Picasso. Eso sí, con la necesaria connivencia y consentimiento del Comité de Empresa, que gobierna de manera íntegra, a pesar de obligaciones judiciales no cumplidas, la UGT. El templo de Antoni Gaudí se encuentra cerrado al público desde el pasado 7 de noviembre. Sus trabajadores, afiliados y organizados en torno al SUT, estaban en huelga indefinida, denunciando el incumplimiento de muchos de sus derechos laborales, desde el día 26 de septiembre. La prolongación de la crisis sanitaria ha servido de excusa perfecta al Patronato del Templo Expiatorio para rescindir, al menos temporalmente, los cuatro contratos relacionados con la atención a los visitantes. Magmacultura alega, mediante la empresa Marlow, contratada para conducir la comunicación del grupo, que "la decisión ha sido adoptada a causa de la imposibilidad para desarrollar la actividad laboral y después de valorar todas las opciones disponibles. Atendiendo a que la mayoría de los puestos están ligados a ceses de actividad, no es posible recurrir a las medidas de regulación temporal de empleo". Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, la UGT argumenta que "se ha encontrado la mejor solución para todos y que se ha intentado contener el impacto de la medida, especialmente entre las personas más vulnerables de la plantilla". Lo cierto es que el despido se ha producido en vigencia de una huelga laboral y con más del 90% de los trabajadores afectados por un ERTE, dos hechos que infringen claramente el ordenamiento legal catalán y estatal en materia laboral (Reales Decretos y Estatuto de los Trabajadores) y el marco jurídico europeo y mundial de referencia (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo). La burbuja de un negocio turístico que prima el máximo beneficio en detrimento de vecinos y de empleados, pero también la batalla entre un sindicato mayoritario y con afán de lucro, la UGT, y otro modesto, que trabaja con voluntarios y no acepta subvenciones de ningún tipo, el SUT, han sido dos de los motores principales del conflicto. Los trabajadores de la Sagrada Familia, que no votaron el comité de empresa actual de Magmacultura, han intentado en varias ocasiones, legítimamente, modificar su composición. UGT y empresa se han opuesto reiteradamente con la justificación de la negociación en curso de un nuevo convenio colectivo que se ha prolongado cerca de dos años y que aún no ha llegado. Un órgano de defensa de la clase obrera al que además faltaban miembros y que consecuentemente habría tenido que completarse por medio de una nueva votación. El SUT convocó con este propósito hará ya un par de años elecciones parciales, unos comicios que fueron de nuevo boicoteados. Una Sentencia del Juzgado Social número 28 de Barcelona ratificó finalmente la obligación. El comité, sin embargo, reincidió en el incumplimiento de lo que ya era firmemente en esta ocasión un mandato judicial, y para no caer en la ilegalidad presentó un recurso que aún no ha encontrado respuesta. Habrá en breve, cuando finalice el mandato de cuatro años, proceder a nuevas elecciones sindicales. Los representantes y delegados del SUT en este caso lo ven claro: "Nadie ha hecho nada, como se dice, para los trabajadores. Estas acciones, los despidos y otras pruebas que nos guardamos, obedecen a una voluntad estricta de apartar el pensamiento crítico de una empresa que no busca mucho más que el máximo beneficio y que rehúye en todo momento la solidaridad". El SUT llevará la decisión ante los tribunales, de la misma manera que lo hizo con el despido de 36 trabajadores del Museo Picasso el pasado mes de julio. Mientras tanto, sin embargo, 231 empleados de la Sagrada Familia y 55 asignados a otros centros tendrán que verse sin trabajo y sin justificación. La empresa alega pérdidas y bajada del número de visitas. Lo cierto es que la crisis sanitaria ha impedido la afluencia habitual de turistas al recinto, pero los datos de los últimos diez años evidencian que el colchón de beneficios debía ser inmenso. Con entradas que oscilaban los 30 euros de media, el templo acogió 2,7 millones de visitantes en 2011, 3,2 en 2014 y 4,7 a lo largo del año 2017. Una media de 15.000 visitas diarias y 60.000 de acumuladas alrededor de este templo de 4.500 metros cuadrados, el segundo en concurrencia en el continente europeo, sólo detrás del Vaticano. A finales de 2019 los ingresos derivados únicamente de la venta de tickets sumaban más de 100 millones de euros. Paralelamente, Magmacultura venía incumpliendo entre 15 y 20 puntos del Convenio del Ocio Educativo y Sociocultural de Cataluña, el que regula el sector, actualizado ahora hace un año. Los trabajadores hacían jornadas de más de 9 horas. No se les pagaban las horas extraordinarias. No había planificación anual de horarios. La distribución de los turnos cambiaba a conveniencia. Los descansos de 15 minutos no eran respetados. Los descansos semanales correspondientes (48 horas en verano y 36 el resto del año), también se obviaban. Se impedía a aquellos que habían sido desafectados del ERTE de disfrutar de sus días de vacaciones. Las nóminas presentaban continuos errores. Faltaba personal y en muchas situaciones entre 6 y 10 trabajadores tenían que guiar y controlar un aforo de más de 1000 personas. Los festivos no se compensaban. Se firmaban contratos temporales sin justificación en fraude de ley. No se daban uniformes adecuados ni suficientes. La categoría profesional difería de las tareas realizadas. Se llegaba a limitar el acceso al baño de los empleados y se les prohibía, explícitamente, sentarse ni un momento. Esto que parece inconcebible, no es sólo un caso aislado. Las mismas condiciones, o de más magras, se han vivido últimamente en recintos culturales de la ciudad como la Pedrera, la Casa Batlló, el Museo Picasso o el MACBA, y también y especialmente dentro de otros sectores, como es el caso concreto de la restauración y la hostelería. Todo el mundo sabe qué hay. El Departamento de Trabajo de la Generalitat alega falta de recursos y simplemente, la mayor parte de veces, consiente y deja hacer. En medio de una crisis social, económica y de valores los empresarios se vuelcan estos días en la calle a pedir sus soluciones. Quizás sería hora ya de fijarse en aquello que muchos de ellos no han querido nunca conceder, vulnerando derechos, leyes y toda clase de ética, respeto y dignidad.