El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, preside desde las 9 de la mañana el Consejo de Ministros extraordinario convocado tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña. En la reunión del gobierno español se podría aprobar enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que explique los términos de sus manifestaciones en la cámara catalana y aclare si efectivamente declaró la independencia de Cataluña. El requerimiento podría convertirse en el paso previo a la aplicación del artículo 155 para la suspensión de competencias de la Generalitat, y habría que ver qué plazo establece La Moncloa para que pueda darle respuesta. El presidente español se reunió este martes por la noche en La Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y mantuvo contactos con el de Cs, Albert Rivera, en lo que según apuntó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la búsqueda del "máximo consenso" respecto a las medidas que adoptará.
El artículo 155 de la Constitución española establece que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que "atente gravemente contra el interés general de España", el gobierno español podrá adoptar "las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de estas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
El primer paso es, pues, que el Consejo de Ministros se reúna y acuerde enviar un requerimiento a Puigdemont. El plazo que tendría el presidente para responder no está estipulado en la Constitución, por lo que el gobierno español tiene margen para determinar lo que considere oportuno.
En caso de que no se recibiera ninguna comunicación del Gobierno o bien la respuesta no fuera satisfactoria, los ministros deben volver a reunirse para aprobar un informe que detalle ya las medidas que piensan aplicar en Cataluña.
Este documento se envía entonces a la Mesa del Senado, que tramita el informe y lo hace llegar a la Comisión general de las comunidades autónomas. Esta comisión debe enviar un segundo requerimiento a Puigdemont y se le pide que aporte toda una serie de documentación o alegaciones en relación a las medidas que el gobierno español propone tomar en aplicación del 155. También se da la opción al presidente de designar, si lo considera procedente, a la persona que asuma la representación de estos efectos.
Una vez recibida la respuesta del presidente de la Generalitat, la comisión debate y somete a votación el informe elaborado por el Consejo de Ministros y también puede proponer "condiciones o modificaciones". El reglamento del Senado tampoco establece un plazo para estos trámites.
Este informe que salga de la Comisión general de las comunidades autónomas se debatirá, finalmente, en el plenario del Senado. El reglamento establece que podrán intervenir los portavoces de cada grupo y que tendrán dos turnos de intervención de un máximo de 20 minutos. La aplicación del 155 debería aprobarse por mayoría absoluta, como la que ya dispone el PP.
Según los cálculos iniciales del gobierno español, todos estos pasos se podrían hacer con un máximo de cinco días. Ahora, sin embargo, insisten en que pueden llegar a aplicar este artículo (que nunca antes se ha utilizado en democracia) en un plazo menor.
Cóctel de medidas Fuentes del ejecutivo español explicaban este martes -antes de la comparecencia de Puigdemont- que tenían estudiado un cóctel de medidas a adoptar en caso de declaración de independencia. Además del 155 incluyen el uso de la vía penal mediante la Fiscalía, la Ley de Seguridad Nacional y también la declaración del Estado de alarma, tal como se hizo en 2010 durante la crisis de los controladores aéreos y de excepción.
También la apelación al TC para que adopte las medidas "coercitivas" de que dispone para la suspensión de cargos que incumplen sus resoluciones.
