El Ayuntamiento de Barcelona reclama al gobierno español que le pague facturas por valor de 2,3 MEUR por los servicios que desde el consistorio se están prestando a los refugiados y que corresponden al Estado, que es quien recibe los fondos europeos. El teniente de alcaldía Jaume Asens ha denunciado que los servicios sociales están "muy tensionados" porque se hacen cargo de personas que debería atender el ejecutivo central. Mientras esperan que el Estado les dé o no el permiso de asilo pueden pasar entre dos y tres meses, y mientras tanto es el Ayuntamiento quien los aloja para que no se queden en la calle, lo que supuso durante 2016 unos 800.000 euros y casi el doble este año, según la previsión municipal.
Al margen de denunciar que el 28 de septiembre se acaba el plazo para que el Estado acoja a 17.337 personas y ha acogido a menos de 2.000, El Ayuntamiento se queja de que aunque el gobierno español sólo ha formalizado el refugio de 46 personas en Barcelona, han llegado casi 3.000 a la ciudad por sus propios medios desde principios de año que están siendo atendidas por los servicios sociales del consistorio por las deficiencias del sistema de acogida del Estado. El gobierno español externaliza en la Cruz Roja la gestión en Cataluña pero sin suficientes efectivos, lo que provoca que las solicitudes de asilo se resuelvan en dos o tres meses. Una persona refugiada puede llegar al aeropuerto de Barcelona con visado de turista y entonces pedir el asilo. Mientras no le resuelven la petición, son los servicios sociales del consistorio los que actúan, lo que provoca su saturación y también facturas que alcanzan los 2,3 MEUR en los últimos dos años, ha explicado Asens. Y es que hasta que una persona no recibe la aceptación en su solicitud de asilo no puede entrar en el programa social del Estado. A esto se le debe sumar el hecho de que las peticiones aceptadas son muy bajas en relación a las peticiones, y es el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) del consistorio quien llena todos estos vacíos, con el gasto que esto supone en pensiones y en ayudas sociales para que estas personas no se queden en la calle. Según el consistorio, se trata de un continuo de gente que se va descolgando del sistema y que va llegando a los servicios sociales del Ayuntamiento, el SAIER o el CUESB. El sistema, en cambio, es mucho más eficiente en Madrid, donde el Estado tiene pensiones propias y todo el proceso es mucho más rápido. El Estado dedica los mismos recursos en general ahora que hace dos años, cuando las solicitudes de asilo se han multiplicado por cuatro. Además, hay que tener en cuenta que la presencia de familias con menores de edad ha ido en aumento, y el Ayuntamiento ha pasado de atender a 250 menores en todo el 2015 a gestionar 603 sólo este año. La previsión de atención de 2018 se sitúa ya en las 4.200 personas. Al margen de esta ayuda inicial, el Ayuntamiento tiene el programa Nausica, destinado a aquellas personas que sí consiguen entrar en el proyecto de ayuda social español pero que cuando lo terminan siguen sin ser autónomos.