La Guardia Urbana de Badalona interpuso el año pasado más de 500 denuncias a usuarios de vehículos de movilidad personal por un uso inadecuado. En la mayoría de casos se trata de personas que circulaban por encima de las aceras; no respetaban los semáforos, o, a pesar de circular por la calzada, lo hacían en contra dirección, según detalla el sargento Noel Cumplido. Para mejorar la convivencia entre usuarios, la policía pone en marcha este lunes una campaña de sensibilización con controles aleatorios en diferentes puntos de la ciudad. "Muchos usuarios desconocen las normas básicas de circulación", afirma Cumplido, que lamenta que para adquirir un patinete eléctrico no se requiera ningún tipo de formación o la obtención de un permiso o un seguro.
Los controles se harán por toda la ciudad, aunque la Guardia Urbana prestará especial atención a algunos 'puntos negros', como la avenida Marquès de Sant Morí, en el barrio de Llefià, o en la avenida Martí i Pujol, en el centro de la ciudad. Son las dos calles donde se detectan un mayor número de infracciones por parte de los usuarios, según datos policiales.
Durante la campaña, que se prolongará diez días, se informará a los conductores de este tipo de vehículos de la normativa básica y también se impondrán sanciones a los infractores. En función de la infracción, las multas pueden ir desde los 100 hasta los 1.000 euros, de acuerdo con la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.
Y es que en el caso de Badalona, el Ayuntamiento no dispone de una ordenanza propia, que está en fase de elaboración con el objetivo de ir más allá de la norma para regular aspectos que la ley general no contempla, como la obligatoriedad del uso del casco o las restricciones de uso o límites de velocidades variables en determinadas calles y zonas de la ciudad.
En contra de la prohibición de patinetes en el transporte público
Por su parte, el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, se ha mostrado contrario a la prohibición de los patinetes en el transporte público que debe entrar en vigor el 1 de febrero. Para el alcalde, esta prohibición debe ser "provisional", porque de perpetrarse complicaría seriamente el impulso de un modelo de movilidad sostenible e interconectada que fomente el transporte público.
