Las solicitudes de gerundenses que han pedido ayuda al Ayuntamiento para poder pagar las cuotas del alquiler han aumentado un 22% durante el último año. De las 638 que se tramitaron a lo largo de 2016, ahora la cifra ya se ha elevado hasta las 780. Todos ellos son particulares o familias que piden tener acceso a la subvención por primera vez, a los que se deben añadir 296 más que han solicitado renovarla. La concejala de Servicios Sociales, Eva Palau, explica que detrás de los números hay realidades que, en algunos casos, son "preocupantes". De hecho, este 2017 el Ayuntamiento ha otorgado 32 prestaciones de urgencia a gerundenses que están a punto de quedarse sin techo (porque no pueden afrontar el alquiler) o a otros que ya han perdido la vivienda porque el banco les ha desahuciado. Paralelamente, desde Servicios Sociales también se trabaja para incorporar más pisos a la bolsa de vivienda social. Actualmente tienen 110 –cinco de los cuales, de propiedad municipal- y todos están ocupados.
El importe de las ayudas al alquiler alcanza hasta un máximo de 240 euros mensuales. Estas subvenciones se gestionan desde el Ayuntamiento de Girona, pero se pagan con dinero que transfieren tanto la Generalitat como el Estado. Para 2018, el consistorio calcula que el importe que recibirá de las dos administraciones será de 1,8 millones de euros (MEUR). Para acceder a las subvenciones, el importe mensual que se paga por la vivienda no puede ser superior a los 450 euros y se debe estar al corriente de las cuotas. Pero ya de entrada, los datos de solicitudes son un buen termómetro para ver cuál es la realidad que viven muchos de los gerundenses que las piden. De un año para otro, el Ayuntamiento de Girona ha llegado a tramitar hasta un 22% más de nuevas peticiones. De las 638 que se pidieron por primera vez a lo largo de 2016, ahora se ha pasado a las 780. A estas, además, se deben añadir 296 renovaciones de ayuda (es decir, gente que ya recibe esta prestación anual, pero que necesita alargarla). La concejala de Servicios Sociales, Eva Palau, explica que desde el Ayuntamiento se estudia la situación personal de aquellos que las solicitan, y que sobre todo se "priorizan" aquellos que tienen una de "más precaria". Entre otros, personas mayores que viven solas o familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. "Nos hemos encontrado con casos de personas que, quince días antes de que se les gire el recibo, nos han dicho que no tenían dinero para pagarlo", ha concretado Palau para ejemplificarlo. 32 prestaciones de urgencia Precisamente, en aquellos casos en que el inquilino se puede quedar sin techo en pocos días, porque la pérdida de la vivienda es inminente, el Ayuntamiento intenta frenarlo con una prestación de especial urgencia. En este caso, el dinero sale directamente de las arcas municipales. Este 2017, el consistorio ya ha tramitado 48 prestaciones de urgencia, de las cuales ya ha resuelto 32. Tres de cada cuatro se refieren a inquilinos, y las otras se han destinado a atender a particulares y familias a quienes el banco ya ha echado de casa. Es decir, afectados por desahucios. El importe global que el Ayuntamiento destina es de 57.330,29 euros. "Son casos prioritarios, porque nuestro objetivo es que nadie se quede sin techo", explica Eva Palau. La concejala concreta que, siempre que les llega un caso de desahucio, el Ayuntamiento de Girona intenta hacer de intermediario con el banco o el propietario de la vivienda. "Hablamos con la entidad donde está la deuda para intentar llegar a un entendimiento, pero también hay situaciones en las que tenemos poco que hacer, y es entonces cuando se activan las ayudas de especial urgencia", precisa Palau. Más pisos en la bolsa Paralelamente, desde Servicios Sociales también se trabaja para incorporar más pisos a la bolsa de alquiler social. Actualmente, el consistorio tiene 110 inscritos y todos ellos están ocupados por familias. De las viviendas que hay en la bolsa, cinco son propiedad del Ayuntamiento y el resto los han cedido particulares o bien entidades bancarias. A lo largo de este 2017, la bolsa se ha ampliado con siete nuevos pisos (todos, procedentes de bancos). Pero el consistorio trabaja para que sean más. "Cuando ves que no puedes dar respuesta a la problemática que viven las familias, ya que no disponemos de más pisos de alquiler social, la situación es preocupante", admite la concejala de Servicios Sociales. Eva Palau explica que es "difícil" que los particulares cedan pisos (porque si los alquilan en el mercado libre, sacan más rendimiento). Por eso, desde el Ayuntamiento negocian con los bancos –sobre todo, Bankia y CaixaBank- para que se los cedan. Sobre todo, después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la ley catalana aprobada por el Parlamento que permitiría expropiar pisos a las entidades en caso de necesidad social (una vía que el consistorio gerundense también había explorado). "Continuaremos negociando con aquellas entidades que sabemos que tienen pisos vacíos en la ciudad; y aquí seremos contundentes, porque entendemos que deben colaborar en dar respuesta a esta problemática", precisa Palau. Y concluye: "Una problemática que, en parte, deriva del hecho de que muchas familias no hayan podido afrontar las cuotas de la hipoteca; por lo tanto, entendemos que aquí el papel de los bancos debe ser clave, para que se avengan a ceder más viviendas a la bolsa".