Aumentan los leridanos con capacidad modificada judicialmente

Aunque solo un 15% de las personas con discapacidad intelectual, patologías de salud mental o deterioro cognitivo de las comarcas de Lleida tienen la capacidad modificada judicialmente (incapacitación legal), el crecimiento anual de las personas tuteladas entre 2012 y 2016 ha sido un 12% de media, lo que supone 53 casos al año. Así lo pone de manifiesto el sondeo realizado por la Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Lleida (UdL) que ha presentado este jueves su director, Carles Alsinet, en la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, a partir de datos oficiales recogidos en 42 entidades de servicios sociales especializados – que atienden a un total de 2.891 personas –, y de 68 profesionales del ramo. El trabajo pone de manifiesto que en la demarcación de Lleida, en el 71% de los casos, la titularidad de la capacidad modificada recae en un familiar. Impulsado por la Fundación Tutelar Terres de Lleida y con financiación de la Diputación, el estudio pone de manifiesto que el colectivo con discapacidad intelectual, a pesar de ser el más numeroso (un 52% en Lleida por el 39% en Cataluña), tiende al crecimiento nulo. Mientras, el de enfermedades mentales (34% en Lleida y 40% en Cataluña) crece un 17% de media anual, por el aumento de diagnóstico, y el afectado por deterioro cognitivo, a pesar de ser el de menos peso en el conjunto (10% en Lleida y 18% en Cataluña), tiene el crecimiento medio más elevado del período con un 22%. Padres e hijos son tutores mayoritarios de personas con discapacidad intelectual (87%) y deterioro cognitivo (70%), mientras que en las enfermedades mentales el porcentaje baja al 53%. Ahora bien, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, los investigadores prevén un cambio de tutor, de la familia a las entidades tutelares. Estiman que la cifra de personas con capacidad modificada judicialmente prácticamente se doblará en diez años, llegando en 2026 a 14.000 en Cataluña, de los cuales 1.000 en Lleida. Además de evaluar la situación actual de protección de estas personas en Lleida, el estudio da recomendaciones dirigidas a fundaciones tutelares, administraciones y profesionales para hacer frente a los posibles cambios que se prevén. Entre otros, dar a conocer a las familias las diferentes figuras de protección, potenciar la labor de los asistentes personales que, en la demarcación de Lleida, tienen una implantación nula, mejorar la financiación pública y crear un Observatorio tutelar de las tierras de Lleida.