Las denuncias y los decomisos por caza ilegal han crecido en 2017 en las comarcas de Lleida mientras que han bajado las infracciones de pesca continental, según datos de los Agentes Rurales. En concreto, de denuncias de caza se pusieron 292, 11 más que en 2016, y se hicieron 283 decomisos, 69 más que el año anterior. El jefe de los Agentes Rurales en Lleida, Llorenç Ricou, alerta del incremento de casos de furtivismo profesional en el Pirineo, donde se han interceptado en los últimos dos años cuatro grupos organizados que habían llegado de fuera de Cataluña para cazar ilegalmente rebecos, muflones o corzos con armas prohibidas. En cuanto a los decomisos, una de las actuaciones más destacadas de 2017 fue el hallazgo de cuarenta gallos salvajes y otros ejemplares de especies protegidas, todos disecados, en un domicilio particular de Canejan, en la Vall d'Aran. Ahora se encuentran en dependencias de los Agentes Rurales en Lleida mientras el juzgado de Vielha investiga su procedencia legal. Su tenencia puede constituir un presunto delito contra la fauna, castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multas económicas.
La última actuación contra grupos organizados de furtivos fue a mediados de noviembre cuando se denunciaron tres hombres en Alins (Pallars Sobirà), donde habían abatido cuatro muflones y un rebeco, todos machos, dentro de la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars y el Parque Natural del Alt Pirineu. Los furtivos llevaban un arma con un silenciador acoplado para evitar ser detectados por el sonido que producen los disparos y un aparato de visión que, junto con las características del arma, les permitía hacer capturas a mucha distancia. Uno de ellos, vecino de Jerez de la Frontera, ya fue denunciado en noviembre de 2016 por prácticas furtivas en la zona. De hecho, de redes de cazadores furtivos profesionales como esta se han detectado tres más desde 2016, en dos actuaciones en Alt Àneu y una en Espot. El jefe de los Agentes Rurales de Lleida explica que "son gente adinerada, joven, preparada físicamente que intentan abatir el máximo número de trofeos cinegéticos en nuestras montañas" y añade que actúan "como si fuera una competición". Utilizan armas prohibidas como fusiles de un solo disparo con silenciador, a menudo les acompañan guías locales y llevan ropa y vehículos de camuflaje. "Estos grupos organizados nos preocupan porque son peligrosos, no respetan la normativa e intentan darse a la fuga", asegura Llorenç Ricou. De hecho, los tres hombres pillados en Alins también fueron denunciados en el juzgado de Tremp por tentativa de atentado a los agentes de la autoridad ya que se saltaron el dispositivo montado para detenerlos. El grupo especial de antifurtivismo de los Agentes Rurales es el encargado de investigar este fenómeno y a veces encuentran pistas en las redes sociales donde los mismos cazadores cuelgan fotos con los trofeos de caza, aunque los hayan obtenido de forma ilegal. "Si un furtivo no puede divulgar su actuación no es feliz, hay un componente de riesgo que les motiva", remarca Ricou. En todo caso, como los infractores hacen todo lo posible para pasar desapercibidos, los Agentes Rurales piden colaboración ciudadana para localizarlos. Denuncias y decomisos En 2017 los Agentes Rurales interpusieron 206 denuncias en el ámbito de caza y protección de los animales en las comarcas de la llanura de Lleida y 86 en el Pirineo (en 2016 fueron 202 y 79). Las denuncias más frecuentes son por uso de artes y métodos de caza prohibidos (79 en la llanura y 14 en el Pirineo), como redes japonesas o abatibles para capturar pájaros fringílidos, pero también hay una larga lista por falta de licencia de caza, falta de permiso de armas, por cazar en espacios protegidos o sin el permiso del coto. En cuanto a los decomisos, se hicieron 197 en la llanura y 86 en el Pirineo (en 2016 fueron 121 y 86), principalmente de armas, métodos de caza ilegales y animales vivos y muertos. En el caso de la pesca continental, el año pasado los Agentes Rurales interpusieron 268 denuncias en lagos, pantanos y ríos de toda la demarcación, 84 menos que en 2016 y casi la mitad que en 2014. Ricou atribuye este descenso al efecto coercitivo de las multas y al hecho de que cada vez son más conocidas las infracciones de la nueva ley de pesca. La mayoría de las denuncias también son por no tener licencia o permiso, utilizar métodos o cebos prohibidos, o pescar de noche, cuando no está autorizado. En los lagos de alta montaña del Pirineo también se pillan aún pescadores que sobrepasan el límite de capturas de truchas. Los decomisos de pesca bajaron de 288 en 2016 a 171 en 2017. Investigación del origen de los gallos salvajes disecados Mientras tanto, ya han comenzado las investigaciones con pruebas de ADN y de plumaje para determinar la fecha de la muerte y el origen geográfico de los 41 gallos salvajes disecados localizados en noviembre en la Vall d'Aran junto con cuatro gallos de lira, tres grévoles y un pico, todas especies protegidas. En el Pirineo catalán está prohibido cazar gallos salvajes desde 1979 pero esta práctica sí que está permitida en algunos países del este de Europa como Rumanía. Los animales han sido decomisados cautelarmente hasta que el propietario, vecino de Barcelona, pueda acreditar su procedencia legal. Si hay ejemplares que se demuestra que son autóctonos catalanes y que murió después de 1979 quedará acreditado que se cazaron de forma furtiva. Una orden de la Generalitat valora económicamente cada gallo salvaje con 1.800 euros. Su tenencia puede constituir un presunto delito contra la fauna, castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses. La posesión también constituye una infracción administrativa muy grave de la Ley de protección de los animales, que se sanciona con multa de 2.001 a 20.000 euros.
