La Izquierda Independentista del Baix Camp pone en marcha la campaña «La Solidaridad no es Delito» como respuesta a la oleada de citaciones judiciales a raíz de las movilizaciones del otoño en Cataluña. Ya son 15 las personas investigadas y citadas a declarar durante las próximas semanas. Se les acusa de un delito de desórdenes públicos en relación a las movilizaciones del 23-S en Reus y manifestaciones post-sentencia.
Bajo el lema «La Solidaridad no es Delito», se denuncia la persecución de personas más reconocidas y visibles durante las movilizaciones, a pesar del carácter pacífico de la reivindicación. Desde la Izquierda Independentista se denuncia la existencia de ficheros policiales, ya que se señalan personas por su representación pública y militancia sin pruebas de haber organizado la movilización. De hecho, se asegura que algunas de las personas investigadas hace meses que no viven en Reus.
Las encausadas cuentan con el apoyo jurídico del grupo de Abogados Voluntarios 1 de Octubre de Reus y Alerta Solidaria. Desde estas organizaciones se cuestiona la manera de identificar a las personas y se pide el archivo de los casos. Carles Perdiguero, abogado de Alerta Solidaria explica que "no se tratan de casos aislados sino que hay una causa general abierta contra aquellas personas que están reivindicando sus derechos y ejerciendo la solidaridad".
En el marco de la campaña, hay convocadas concentraciones los días 11, 16 y 19 de marzo a las 12.30 h a las puertas de los juzgados de Reus, como muestra de apoyo y acompañamiento a las personas investigadas. También se abrirá una recogida de firmas de apoyo dirigida a entidades y personas y el día 26 de marzo se presentará la campaña «La Solidaridad no es Delito» con un acto político.
