El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha archivado la causa contra las 39 personas investigadas por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico durante la jornada de huelga general del 8 de noviembre de 2017 en el territorio. El caso se abrió hace un año a raíz de un atestado de la policía española por las marchas lentas de vehículos en vías como la A-27 y la AP-7, entre otras acciones de protesta. Según ha explicado este miércoles el abogado Carles Perdiguero, el juzgado no ha visto indicios de un delito contra la seguridad del tráfico ni de desórdenes públicos. Perdiguero se ha mostrado confiado en que la causa abierta por el 1-O en la ciudad también acabará archivándose. El juzgado citó a declarar a las 39 personas investigadas durante el mes de mayo de 2018. Algunas de ellas plantaron al juez al no reconocer la legalidad del sistema judicial español y en defensa "del principio de libertad de expresión y manifestación". Además, algunos afectados insistieron en que no se encontraban en el lugar de los hechos y otros denunciaron que el atestado detallaba su afiliación política, su militancia o los casales donde participan. Entre los investigados había concejales de la CUP en Reus, Tarragona y Torredembarra, y otros miembros de la izquierda independentista.
Una representación de los investigados ha anunciado públicamente la decisión judicial este miércoles en un acto público en las escaleras de la Catedral de Tarragona. El abogado de una treintena de afectados, Carles Perdiguero, ha detallado que el juez no ve indicios delictivos en los hechos. "El Código Penal solo sanciona los delitos contra la seguridad del tráfico cuando hay una peligrosidad evidente, pero aquí se trataba de forzar por parte de la fiscalía y de la administración un artículo que no tiene cabida en los hechos de aquel día", ha resumido el letrado. Además, Perdiguero ha dicho que el archivo era una decisión que esperaban porque juzgados de Igualada, Vilanova y Ripoll han cerrado casos similares.
El abogado ha recordado que, anteriormente, los juzgados ya habían archivado las causas por el 3 de octubre y de los días 23, 24 y 25 de mayo. "Consideramos que el escrito de la fiscalía y de los cuerpos policiales no tiene ninguna base jurídica y ni disimula que se trata de una operación represiva contra personas destacadas de nuestras comarcas en la lucha por la construcción de la República Catalana", recoge el manifiesto que ha leído una portavoz de los investigados. Además, han pedido el archivo de la causa abierta por la organización del 1-O en la ciudad, que ven "como una venganza" del Estado hacia los ciudadanos "agredidos por la policía española".
