El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han firmado este lunes un acuerdo de colaboración en la lucha contra la corrupción. El acuerdo consiste en el traspaso a Antifraude de las comunicaciones de la Oficina por la Transparencia y Buenas Prácticas que, por su naturaleza, excedan las competencias municipales. Se hará lo mismo con las denuncias que se realicen a través del buzón ético de buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. La colaboración entre las dos instituciones también contempla la opción de crear un plan de formación del personal del consistorio en los ámbitos de la ética, la integridad pública y el control de la corrupción, así como la necesidad de compartir experiencias en esta materia.
Uno de los principales objetivos del convenio es que los ciudadanos puedan comunicar de manera confidencial y segura conductas de las administraciones públicas que sean contrarias a los principios o las reglas éticas y de buen gobierno recogidos en el ordenamiento jurídico. La alcaldesa ha celebrado que el convenio "ayuda a consolidar una apuesta primordial del Ayuntamiento de Barcelona, la transparencia". "Este acuerdo supone un trabajo codo a codo con un actor imprescindible en la lucha contra la corrupción, que va mucho más allá de meras declaraciones de buenas intenciones", ha afirmado. El director de la Oficina Antifraude ha destacado la voluntad de las dos instituciones para luchar de manera firme y decidida contra la corrupción. "Esta es una tarea difícil, incluso imposible, sin coordinación", ha añadido. Tanto Colau como Gimeno han subrayado la importancia de que se aprovechen las herramientas que ya funcionan adecuadamente para garantizar el anonimato de alertadores. El director de Antifraude ha señalado que con la aceptación de denuncias anónimas se garantiza la confidencialidad y existe la posibilidad de la bidireccionalidad. El consistorio barcelonés y Antifraude se han comprometido a realizar un seguimiento del acuerdo firmado mediante una comisión formada por representantes de las dos instituciones, que se reunirá de manera periódica para analizar su cumplimiento y aplicación. Con este acuerdo, queda superado el protocolo de intenciones que las dos instituciones firmaron el 28 de abril de 2014.