La Oficina Antifraude ha emitido un informe a la Universitat Rovira i Virgili (URV) sobre la investigación que inició en 2016, con supuestas "carencias e irregularidades" en la relación laboral con la Universidad y el anterior responsable de la gerencia. Antifraude le da un plazo de 30 días a la dirección de la URV para dar respuestas sobre la conversión del contrato de alta dirección, cargo eventual, que tenía el exgerente a contrato laboral indefinido del régimen común, que se firmó el 25 de julio de 2014. Como ha explicado la rectora Maria José Figueras, el actual equipo de dirección que encabeza, despidió al gerente, el pasado junio, "por falta de confianza", éste lo denunció, y se le acabó pagando una indemnización por recomendación de los abogados. También en septiembre se inició una auditoría interna para conocer la situación en la que se encuentra la URV. La Oficina Antifraude de Cataluña envió, el 13 de noviembre pasado, un informe a la URV sobre la investigación iniciada a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en la relación laboral del exgerente con la Universidad, aumentos de sueldo, o el nombramiento de dos cargos de confianza. Como ha informado la rectora, Maria José Figueras, el equipo de dirección ha pedido al Gabinete Jurídico y al departamento de Recursos Humanos, entre otros, que "reúnan la información que permita dar respuesta" a las investigaciones de Antifraude y también al equipo directivo, que dirige la URV desde la primavera de este año.
Antifraude investiga el cambio de contrato del exgerente, que pasó de ser de alta dirección a indefinido, con la aprobación por parte del Consejo Social, a propuesta del anterior rector y sin concurso público. El 30 de junio de este año, el actual equipo de dirección de la URV despidió al responsable de gerencia por "falta de confianza" pero el caso llegó al juzgado social 3 de Tarragona y la Universidad tuvo que indemnizar al exgerente.
Figueras ha defendido que el cargo de gerente debe proveerse a través de la figura de personal eventual, "la contratación más adecuada" porque se trata de cargos de confianza y para evitar indemnizaciones cuando termina la relación laboral con la Universidad, tal como hacen la mayoría de universidades públicas catalanas.