Altafulla no dará su remanente de tesorería al Estado español tal como se desprende de la propuesta pactada entre el gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias para que sea el Estado quien decida a qué se destinan este dinero.
Altafulla rechaza el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos den su remanente de tesorería al Estado y sea éste quien decida a qué se destina el dinero. El co-alcalde de Altafulla, Jordi Molinera, considera que el Estado está ejerciendo un "abuso de poder" y que parece que se está "castigando" a los ayuntamientos por haber hecho bien su trabajo mientras que "la administración central no lo ha hecho y busca tener liquidez expoliando a los ayuntamientos".
Molinera lamenta que el gobierno español quiera apropiarse de los ahorros generados en los ayuntamientos con el esfuerzo de la administración local y de los vecinos, para luego devolver una parte en forma de ayudas y de una manera fraccionada. Cree que esta es una práctica "centralista" y que no se adecua con la idea de gobierno progresista que se propugna desde la Moncloa.
Así, Molinera asegura que lo que hay que hacer es que el Estado autorice a los ayuntamientos a invertir su remanente directamente en políticas sociales y a cubrir las necesidades de su pueblo, ya que es la administración que le es más cercana.
Molinera ha criticado igualmente que esta propuesta de acuerdo entre gobierno central y Federación Española de Municipios y Provincias contemple que sólo los ayuntamientos que den su remanente reciban después ayudas. Una medida que considera "insolidaria" y que representa un "chantaje" evidente para forzar a los ayuntamientos a dar sus ahorros.
Para hacer oír su voz y hacer fuerza contra esta medida, Altafulla se ha adherido al manifiesto de la Asociación de Municipios por la Independencia que insta a todos los ayuntamientos catalanes a negarse a dar este remanente para nutrir las arcas del Estado. El manifiesto se hará llegar tanto a la Generalitat como al Parlament y a instituciones españolas como el mismo presidente del gobierno del Estado, al Congreso y al Senado.
