El Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) pedirá formalmente al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que visite el territorio para dar explicaciones y, en su caso, pida disculpas por el fracaso del proyecto Castor. La junta de gobierno local ha acordado este jueves enviar esta propuesta por carta al ministro, después de anunciar que el almacén submarino no se pondrá en marcha a raíz de los resultados de los informes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard. "Es una cuestión de lealtad institucional", ha razonado el alcalde, Alfons Montserrat. El consistorio se ha añadido a las demandas ya formuladas por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Sénia y también reclamará una orden de clausura definitiva de las instalaciones así como un calendario para su desmantelamiento, recordando que no existe ningún peligro técnico para ejecutarlo.
"Ya que un ministro visitó la planta -–el entonces titular de Industria, José Manuel Soria, acompañado del de Exteriores, José Manuel Margallo, se desplazó a las instalaciones a raíz de la crisis sísmica y la paralización de la actividad en octubre de 2013-, ahora debe ofrecer las explicaciones que no se nos dio", ha reclamado Montserrat para justificar la carta a Nadal, en calidad de responsable del gobierno español en relación a un proyecto Castor que "puso en peligro la seguridad" del territorio. Los estudios norteamericanos han permitido reafirmar aquello que desde la corporación municipal no se cansó de afirmar durante años, es decir, que las inyecciones efectuadas por Escal UGS habían causado la ola sísmica. "Estábamos sometidos a un riesgo potencialmente destructivo, catastrófico", ha insistido Monserrat, recordando la magnitud de 6,8 grados que nuevas inyecciones podrían generar, según los estudios. Pero las dudas que el mismo Nadal siembra sobre la seguridad amparándose con las mismas conclusiones tampoco han gustado al consistorio canareu que, junto a la Plataforma del Sénia, exige el desmantelamiento de las instalaciones lo antes posible –tanto de la planta marina, la terrestre como los gasoductos, revirtiendo las servidumbres actuales- a partir de la fijación de un calendario. "Esto es posible. No pueden decir que no lo es: no es la primera vez ni la última que esto se hace. No entendemos por qué no lo quieren hacer. No podemos estar con esta espada de Damocles encima", clama el alcalde, quien discrepa abiertamente con el ministro. "Es fácil, seguro y se puede hacer", apunta, recordando que no es necesaria ni posible la extracción del gas colchón inyectado en 2013.
Acompañados de los portavoces de la Plataforma del Sénia, los representantes del gobierno municipal han querido poner sobre la mesa toda la batería de demandas, de requerimientos administrativos y acciones políticas para poner fin definitivamente a la historia de despropósitos del proyecto Castor que ha aprobado la junta de gobierno local. Además de la visita ministerial y el calendario para el desmantelamiento, reclaman que se depuren responsabilidades en la redacción de los informes técnicos y la concesión; que se rescabale la indemnización a Escal UGS por los daños causados; un informe jurídico sobre la operatividad actual de las instalaciones; que se efectúe una auditoría económica externa; y ayudas económicas para mejorar la imagen turística dañada por los terremotos. Los acuerdos, que se trasladarán al Ministerio y se notificarán al Síndic de Greuges, se transmitirán a los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso, el Parlamento y las Cortes Valencianas, así como al vecino Ayuntamiento de Vinaròs. Montserrat se ha referido también al impacto económico que deja el fiasco del proyecto Castor, recordando la "distorsión" de los precios en todo el sistema gasista que el pago de la indemnización a la exconcesionaria ha generado. "Algunos territorios están más afectados que otros y Cataluña se encuentra entre los más afectados" como principal consumidor de gas del Estado, ha recordado. Especialmente flagrante, ha asegurado, es el tipo de interés de 4,2% de la operación financiera por esta indemnización, más de tres puntos por encima que el resto de partidas de deuda del sistema gasista, según el informe de marzo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El alcalde también ha cuestionado los 15,7 millones de euros anuales que cuesta mantener las instalaciones hibernadas y ha reclamado un estudio para determinar si esta cifra prevé todos los costes y partidas, incluidas las aseguradoras. Una cifra que ha comparado con los 20 millones que el gobierno español prevé invertir en las cuentas de 2017 en las Terres de l'Ebre. Por su parte, los portavoces de la Plataforma del Sénia, que han mostrado su sintonía con el Ayuntamiento a lo largo de los cerca de diez años de lucha en contra del proyecto Castor y se han adherido a las demandas presentadas este jueves, han insistido en recordar la existencia de "dolor, negligencia y no sé cuántas cosas más" por parte de Escal UGS, en aspectos clave de los estudios previos, como el cálculo de la porosidad que debía servir para determinar el volumen del almacén. Unos parámetros que varios expertos consideran erróneos y que habría conducido al fracaso y posterior crisis sísmica a raíz de las inyecciones. "Si engañaron al gobierno español debería tirarles de la oreja y hacerles devolver lo que les pagaron", ha apuntado el portavoz de la entidad, Evelio Monfort. "Se ha repercutido una deuda privada entre los bolsillos de los consumidores", ha reprochado la portavoz Cristina Reverter, quien ha reclamado la necesidad de aclarar responsabilidades y, más allá del cierre y desmantelamiento, dejar las "cuentas claras" para evitar que la ciudadanía y los consumidores acaben asumiendo la ingente factura del Castor.
