El juzgado de instrucción número 1 de Tortosa ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde del Perelló (Baix Ebre), Ferran Cid (ERC), por participar como contratista en la construcción de una casa de campo ilegal en el mismo término municipal. La interlocutoria responde a la petición formulada por el fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, que acusa a Cid y también al promotor de la obra, el empresario danés Sten Holmboe Hother Sorensen, de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Originalmente, según argumenta la Fiscalía, el consistorio dio licencia al promotor en el año 2009 –siendo Cid primer teniente de alcalde– únicamente para reparar el tejado y la cisterna de la caseta existente. Sin embargo, en el mismo terreno se acabó construyendo de nuevo una vivienda mucho más grande, una obra que ejecutó en 2010 la empresa de quien entonces ya era alcalde. Cid ha matizado este relato y reprocha que las diligencias previas, iniciadas a raíz de una denuncia de los Agentes Rurales, ya fueron archivadas y han sido reabiertas años después por la Audiencia de Tarragona a partir de un recurso presentado fuera de plazo.
La Fiscalía argumenta, de acuerdo con el atestado de los Agentes Rurales, que en una zona de la partida de las Comes catalogada como suelo no urbanizable de especial protección por valor forestal y paisajístico, donde previamente solo existía una caseta de campo de dieciocho metros cuadrados, se acabó construyendo de nuevo una vivienda rectangular de 101 metros cuadrados y un anexo de 19 metros cuadrados más. Considera que estas obras, iniciadas en julio de 2010 y que se encontraban en ejecución en octubre de ese año, son "ilegalizables". Insiste, en esta línea, que "afectan negativamente al valor paisajístico del terreno". Sobre el papel, cuando en mayo de 2009 el empresario danés recibió la licencia para reparar el tejado y la cisterna, la empresa constructora de Cid, que entonces era primer teniente de alcalde, debía realizar únicamente estas reparaciones. En mayo de 2010, los Agentes Rurales detectaron que en el mismo espacio que ocupaba la caseta se había hecho una excavación. Según ha explicado el alcalde, cuando procedieron a la rehabilitación de la estructura original se produjo un derrumbe de las paredes que obligó a derribarlas y levantarlas de nuevo. Una obra para la cual, asegura, el propietario encargó un proyecto y trató de legalizar ante Urbanismo de la Generalitat. Unos meses después, en el momento de la paralización, que se produjo en paralelo al rechazo administrativo del proyecto, ya se habían levantado las paredes, instalado los forjados y cerrado el techo. "Hay un seguimiento desde el principio de los Agentes Rurales sin haber avisado, incluyendo fotografías de diferentes fechas. Esto lo presentan después al juzgado. Estuvieron siguiéndonos un mes y medio o dos sin haber paralizado los trabajos ni hecho ninguna advertencia, ni nada", lamenta. Asegura que, desde la orden de parada, las actuaciones cesaron y la casa no se encuentra habitada. El fiscal, sin embargo, no considera creíble este relato y considera que el propósito inicial era el de construir una nueva edificación mucho más grande en el espacio de la más antigua y reducida. En este contexto, acusa también al ingeniero técnico forestal Ferran Marsal de haber supuestamente falsificado una certificación referente al inmueble, asegurando que tenía más de 20 años de antigüedad y una superficie de 90,60 metros cuadrados. "Medida que se corresponde con la que 'iba a construir pero no con la preexistente, la cual contaba con solo 65 metros cuadrados", aduce el escrito de acusación. Más aún, asegura el fiscal, posteriormente a los hechos se produjeron "otras obras de adecuación". Reapertura del caso A pesar de esto, y tras prestar declaración ante el juzgado número 1 de Tortosa, las diligencias previas iniciadas a raíz del atestado de los Agentes Rurales fueron archivadas en el año 2011 por la entonces jueza encargada del caso. No fue hasta el año pasado, cuando a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía, la Audiencia de Tarragona decidió reabrir el caso. Una decisión que fuentes de la defensa de Cid cuestionan porque el recurso se habría presentado ya fuera de plazo. Apuntan que el ente provincial permitió al ministerio público presentar su argumentación tomando como referencia para el plazo el momento en que el fiscal tuvo sobre la mesa la resolución del archivo y no cuando la recibió efectivamente. El alcalde, sin embargo, confía aún en que los argumentos de su defensa permitirán evitar el juicio oral sobre la misma base de los que permitieron el archivo años atrás. La defensa considera que las obras no se pueden considerar como delito urbanístico porque no se enmarcan dentro del criterio penal de las "no autorizables", a pesar de que no se ajustaran a la licencia. Adicionalmente, sostiene Cid que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) en vigor desde 2015, y que se tramitaba desde 2003, elimina la "clave 21" que protegía la zona donde se encuentra la construcción. Una figura, aduce, que fue introducida para garantizar la protección de especies como el águila perdicera en el término municipal y que, considera, ya no tenía sentido después de que se aplicara, de forma superpuesta, la declaración de nuevos espacios dentro de la Red Natura 2000. "No era necesario que tuviéramos tantas zonas protegidas", apunta. De momento, sin embargo, tras la reapertura del procedimiento este 2016 y el inicio del procedimiento abreviado, el escrito de acusación de la Fiscalía presentado ante el juzgado número 1 de Tortosa solicita quince meses de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación de tres años para profesión o actividades relacionadas con la construcción para Cid y para el promotor Sorensen, que tenía inscrita la propiedad de la finca y la casa a nombre de su empresa SHS SiMOB 2002, SL. En el caso del ingeniero técnico agrícola, la petición por un supuesto delito de falsificación se eleva a una multa de 1.440 euros. Además, el fiscal requiere a Cid y Sorensen que, de forma solidaria y conjunta, restituyan las obras y el terreno a su estado original, con un plazo de dos meses una vez la sentencia se considere firme. La demolición de estas actuaciones ilegales está valorada en 5.412,34 euros. En el caso, sostiene la Fiscalía, de que no se ejecutaran dentro de este plazo, deberá ser el Ayuntamiento del Perelló quien se haga cargo "a costa" de los acusados, bajo control judicial y la supervisión de los Agentes Rurales.
