Los retos de la vivienda se ponen sobre la mesa en Andorra. El Comú d’Escaldes-Engordany ha reunido este lunes 19 de febrero a varios ponentes, entre ellos la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, para debatir las dificultades existentes en el país a la hora de alquilar o vender un piso. El evento fue organizado por el Instituto Ostrom con el apoyo de Liberales Andorra.
El último
Observatorio
, que se publicó a finales de enero de 2024, indicó que el principal problema del país entre los encuestados era el precio de la vivienda., ocho puntos más que en la encuesta del primer semestre del año anterior. “Hay poca oferta y hay mucha demanda”, arrancó señalando Marsol. “Además, a consecuencia de muchos hechos, pero también de la buena gestión de la pandemia, muchas personas que están dispuestas a pagar unos precios más elevados han venido a vivir a nuestro país”, añadió.
La llegada de gente con un alto nivel adquisitivo ha provocado un “incremento del precio” a un estado donde “el terreno ya es caro porque es limitado”, por lo que, “cada vez es más difícil tener acceso a la vivienda a un precio accesible”, comentó la ministra.
Según el representante del Instituto de la Vivienda, Josep María Pla, en Andorra se está dando un crecimiento económico que depende de más mano de obra. y que genera más inmigración. “El año pasado vinieron aproximadamente 3.500 personas, un 4,3% de la población, y eso viene ligado al crecimiento económico. No sabemos crecer sin más mano de obra y eso genera más demanda y precios más altos”, apuntó Pla. “Se genera una brecha creciente entre la evolución de los salarios y la evolución del coste de la vivienda, tanto de compra como de alquiler”.
Carencia de alquiler
La representante del Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios de Andorra (AGIA), Sandra Cano, manifestó que “ya en 2018 empezaba a haber un problema” y que era “la punta del iceberg”. Desde la AGIA, Cano explicó que “hicieron la propuesta de hacer una lectura de cómo estaba el mercado” en la década anterior, pero que, para hacer falta de datos, la encuesta no salió adelante. “Era importante saber qué escenario de país teníamos, qué pisos estaban cerrados, porqué y cómo podían salir al mercado”.
Y es que en Andorra, según se expuso en la mesa redonda, hay muchos pisos vacíos propiedad de ciudadanos españoles. que no los tienen declarados. La ministra explicó que “se intentará contactar con ellos y motivarlos” para que regularicen la situación.
El presidente de la APBI respondió que “a los afectados les caería una inspección de la hacienda española”, por lo que propuso que hubiera una negociación entre los gobiernos de ambos países y que el ejecutivo andorrano se comprometiera a recaudar los impuestos que reclamaría España, haciendo que les pagaran los propietarios de los pisos en el país y, posteriormente, que hicieran llegar ese dinero al país vecino sin identificar a los propietarios implicados. “En caso de tener que hacer frente a una inspección, prefieren darlos por perdidos”, aclaró.
Por otro lado, Cano dijo que “otro problema es que últimamente no se ha construido vivienda social.”. Según la integrante de la AGIA, para los constructores “no es atractivo” construir por alquiler” y se debería “buscar la manera de revertir este hecho”.
Desde la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (APBI), la falta de alquiler actual se explica por la conglomeración de múltiples situaciones: incremento de la población, impacto de la inversión extranjera, espacio limitado y falta de seguridad jurídica. “Invertir en vivienda requiere mucho capital y, con el precio del metro cuadrado, tiene un rendimiento muy bajo, si es que el propietario no pierde caleros”, señaló el representante de la APBI, Antoni Bea.
37 viviendas “asequibles” más
Marsol reconoció durante su intervención que “el parque público de vivienda se hubiera podido empezar a construir antes.”. La ministra apuntó que “en dos años habrá 300 viviendas”, la mayoría de las cuales se habrán adquirido por parte del gobierno. “No me gusta hablar de vivienda social, sino de precio asequible”.
Por otro lado, la ministra recordó que esta medida va acompañada de la dotación del presupuesto con 12 millones de euros para destinarlos a la vivienda a partir de 2025, “sea mediante el derecho de retracto o tanteo o para construir”. Seguidamente, anunció que “en la Borda Nova d’Andorra la Vella, donde ya el Gobierno está construyendo un edificio, se empezará a construir el año que viene un segundo edificio”, que permitirá poner en el mercado 37 viviendas más.
Una vez que el presupuesto de 2024 esté en vigor, ya que aún no se ha publicado en el BOPA, Marsol apuntó que podrá publicarse el edicto para seleccionar al arquitecto.. “La administración es lenta, por lo tanto, tenemos que empezar ya a preverlo, para que el año que viene, que ya tendremos esos 12 millones, esté todo preparado”, remarcó.
Problema transfronterizo
El problema de la vivienda, sin embargo, no es exclusivo de Andorra. El presidente del Instituto Ostrom, Pau Vila, expuso que en la ciudad de Barcelona se ha intentado modificar el mercado, por ejemplo, poniendo un tope máximo de alquiler o haciendo que los promotores de cada tres pisos tengan que dar uno al alquiler social. “Pero cuando se modifica el mercado, existe el riesgo de que deje de funcionar”, afirmó.
Para Vila, “Andorra tiene un elemento muy interesante y es que llega a este debate tarde porque la cuestión de la vivienda se ha convertido en un problema recientemente”. De este modo, argumenta que tiene “muchas más facilidades” a la hora de “encontrar lugares con características similares” para el año. analizar qué medidas han sido efectivas y descartar con más rapidez aquellas que no han funcionado.
