El pleno municipal aprobó ayer de forma inicial, y por unanimidad de todos los grupos, la nueva Ordenanza de Movilidad, que pone el énfasis en la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) y, principalmente, de los patinetes eléctricos.
Tal y como recordó el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, esta regulación sobre este tipo de vehículo “llega después de una propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de SP-ERC que desde el gobierno municipal aceptamos ya que creímos que era necesaria para aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.
Y es que tanto Soriano como Jennifer Macía, de SP-ERC, coincidieron en decir que los patinetes eléctricos han generado una problemática creciente en las calles del municipio y que había que poner hilo a la aguja para regular su uso.
En relación a las principales novedades de la Ordenanza, destacan la obligatoriedad de llevar el casco a la vía pública, la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil y la obligatoriedad de tener más de 14 años para conducir un patinete eléctrico.
Estos tres aspectos han sido fijados por el Ayuntamiento, ya que así lo permite la Dirección General de Tráfico (DGT), que fija una normativa común para los VMP, pero permite a los consistorios introducir algunas especificidades.
Asimismo, la nueva norma estipula que está prohibida la conducción de estos vehículos por aceras y zonas peatonales y que, en caso de existir, deben circular por el carril bici.
Tras su aprobación inicial en el pleno de ayer, la Ordenanza será expuesta al público por un periodo de 30 días.
Una vez aprobada definitivamente se iniciará su despliegue a través de dos vertientes.
Por un lado, llevando a cabo una campaña pedagógica en los institutos del municipio a través de la Unidad de Mediación de la Policía Local para dar a conocer las nuevas normas.
Y por otro, con la vertiente sancionadora.
En este sentido, la Ordenanza recoge sanciones que van desde los 200 euros para ir sin casco o por la acera, a los 500 por conducción temeraria o incluso a los 3.000 euros para provocar daños al mobiliario urbano.
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