Varias entidades contrarias al proyecto industrial que Lotte Energy Materials quiere impulsar en Mont-roig del Camp (Baix Camp) han presentado, por separado, dos recursos al tribunal contencioso administrativo contra la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que el ayuntamiento de la localidad ha tramitado para facilitar, precisamente, la implementación de la compañía surcoreana.
Por un lado, se han unido el Gepec, Unió de Pagesos y la Asociación de Vecinos Club Mont-roig; mientras que el otro recurso lo ha presentado la Organización Ecologista el Acorazado. La modificación del POUM impulsada por el consistorio regulaba las actividades industriales admitidas en el sector de Comellarets así como la altura máxima de las construcciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite las dos reclamaciones y eso ha hecho que se inicie el procedimiento judicial. El abogado especializado en derecho medioambiental que asesora al Gepec, Albert Calduch, ha explicado en declaraciones a la ACN que una vez haya recibido el expediente de la tramitación del POUM podrá redactar el escrito de la demanda y argumentar porqué están en contra. “La modificación del POUM es el primer paso para que la actividad se implante. Nosotros enviamos un mensaje contundente, que es que no permitiremos que se dé ningún paso para que se instale una industria altamente contaminante“, ha señalado.
Desde L’Escurçó también han iniciado el procedimiento. Su fundador, Joan Manel Olivella, ha asegurado que la firma surcoreana incumpliría las distancias de seguridad debido a su actividad “peligrosa”, ya que según él trabajaría “con 1.700 toneladas de ácidos peligrosos cada año”. Los informes de que dispone Olivella hacen que ello obligaría a la empresa y al municipio a entrar en la normativa europea Seveso que regula las instalaciones químicas. “Mont-roig no puede entrar porque no tiene los sistemas de seguridad, bomberos y evacuación rápida” necesarios para cumplir la normativa, ha apuntado Olivella.
El recurso presentado por L’Escurçó se ha hecho mediante el camino de la justicia gratuita, un hecho que Olivella ha celebrado porque implica que la justicia ha reconocido “que la acción es un bien para la ciudadanía”. Paralelamente, ha defendido no haberlo presentado conjuntamente con el Gepec porque “técnicamente había diferencias”.
Plazos
Calduch ha indicado que, de media, el TSJC está tardando más de dos años para dictar sentencia sobre este tipo de cuestiones. Todo ello podría alterar los planes de Lotte, que quería empezar a producir en 2027. El abogado ha manifestado que la compañía necesitará una autorización administrativa para empezar a construir la fábrica, un trámite que aún no está en información pública.
Asimismo, también ha apuntado que estarán “vigilantes” para que “no se salten ninguna fase del procedimiento por una posible urgencia, subvención europea o estrategia comunitaria” que pueda haber. “No nos valen excusas, no permitiremos ningún atajo procedimental —de las administraciones— para que la empresa se salte ningún paso de la ley”, ha reiterado.
Aún más contundente es Olivella: “si el juez es juez, Lotte no se coloca porque incumple mucha normativa”. Asimismo, ha alertado al equipo de gobierno de Mont-roig del Camp de que si se inicia la construcción de la fábrica y el TSJC anula el POUM, podrían tener que pagar indemnizaciones a título personal.
“Si empiezan las obras de la fábrica y nosotros ganamos el contencioso, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a Lotte con una millonada de dinero público. Nosotros ya hemos informado al Tribunal de Cuentas porque, si pasara eso, la millonada la pagaría el equipo de gobierno de su bolsillo”, ha revelado. Con todo, ha recordado que hace unos meses ya se iniciaron las obras, pero que a raíz de una denuncia que presentaron consiguieron detenerlas judicialmente.
