Un año después del asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragonès), el impacto de aquel crimen cometido por un interno en los trabajadores penitenciarios aún se nota. Tras años de quejas por agresiones de presos a funcionarios, aquel crimen hizo estallar la indignación y provocó movilizaciones y una ruptura total de relaciones entre los trabajadores y la cúpula del Departamento de Justicia. Semanas después algunos sindicatos firmaron un acuerdo laboral y retributivo con algunas medidas de seguridad. UGT, que lo firmó, dice a la ACN que se ha ido cumpliendo, pero exige que se implanten todas las medidas acordadas. CSIF, que no lo firmó, y Marea Azul, reclaman aún más medidas de seguridad no acordadas.
Justicia, que este jueves al mediodía hará en la cárcel de Mas d’Enric un acto de homenaje a La Núria, la cocinera asesinada por un interno, muestra su compromiso con la seguridad de los trabajadores garantizando los derechos de los internos. Las organizaciones que han hablado con la ACN admiten el cambio de talante de la Consejería más favorable a sus intereses, pero le piden aún más valentía y celeridad.
Entre las principales medidas acordadas en abril del año pasado, estaba la ampliación de la plantilla, que suponía una mejora laboral, pero también de seguridad, dice Montse Balaguer, de UGT. En total se crearán unas 800 plazas en diversas especialidades, lo que ya ha redundado en mayor presencia de funcionarios en muchos ámbitos de las cárceles. De hecho, una de las reivindicaciones históricas era que se pudiera actuar siempre en binomios, cosa que no siempre pasaba, y que los trabajadores de régimen interno mayores de 55 años no tuvieran que actuar en caso de incidentes violentos, lo que era casi imposible antes por la falta de efectivos y por la media de edad de la plantilla, que supera los 45 años. Unos 400 trabajadores lo han pedido, y se ha denegado solo a 20 por diversos motivos.
Balaguer considera que la ampliación de plantilla es “la mejor medida de seguridad”, porque da “confianza” a la plantilla y es “disuasiva” para los reclusos violentos.
El anterior equipo directivo de Justicia anunció que revisaría los protocolos de seguridad en lugares de riesgo de las cárceles como las cocinas o los talleres con objetos cortantes. Sin embargo, el nuevo equipo directivo, comandado por el conseller, Ramon Espadaler, fue más allá y dictó en septiembre una instrucción que iba más allá y prácticamente vetaba que ningún preso con delitos violentos pudiera trabajar en estos puestos. La Síndica de Greuges y varias entidades han criticado esta medida, pero los trabajadores la aplauden.
La medida ha afectado a 359 internos, según los sindicatos: 249 han sido recolocados en otros servicios de los centros, 46 están pendientes de nueva ubicación, 41 renunciaron y 19 se han dado de baja. También se acordó sacar de las cafeterías de los centros donde van trabajadores y visitantes a determinados presos, algo que aún no se ha hecho del todo.
Otra medida que se acordó era sujetar todos los instrumentos peligrosos, como cuchillos, sierras y otros, a las mesas de trabajo. Esto de momento solo se ha aplicado totalmente en la cárcel de Mas d’Enric, y se prevé hacer pronto en otras cárceles. También se ha reducido la cantidad de comida u otros productos que se tienen que cortar en la cárcel, y llegan ya cortados.
Por todo ello, Balaguer está “medianamente” satisfecha por el cumplimiento del acuerdo. Recuerda que hacía mucho tiempo que reclamaban algunas de estas medidas y ahora ven que se están cumpliendo, aunque querían más celeridad. También celebra que haya reuniones a menudo para comprobar el cumplimiento del acuerdo.
Medidas no acordadas
No obstante, reclama que se apruebe el uso de sprays para disuadir a presos violentos. Es una medida contemplada en el reglamento penitenciario. Hace un tiempo se decidió estudiar la medida, pero finalmente se desestimó. Los sindicatos aseguran que lo han probado en sus propios cuerpos y que es una medida efectiva. Recuerdan que ya se ha aprobado por los vigilantes de seguridad privada del transporte público y dicen que con un buen protocolo serían muy útiles en las cárceles. Según Balaguer, se reducirían el uso de la fuerza física y lesiones tanto a los presos como a los funcionarios. No sería necesario que lo llevaran todos los trabajadores, sino sólo los responsables de cada área que estuvieran formados, y siempre con autorización, supervisión y revisión de los superiores y de los servicios médicos.
Otra medida de seguridad que se reclama son los pulsadores individuales de emergencias con localizador. De momento se han incorporado 300 nuevos radiotransmisores y pronto comenzará una prueba piloto en la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres, con los nuevos pulsadores. También reclaman que se implanten medidas efectivas contra los drones, que pueden llegar a introducir drogas, armas y teléfonos móviles en los centros, y que se probarán en dos centros, así como inhibidores de teléfonos móviles e implantación de escáneres corporales para todos los visitantes.
También apuestan por el cambio en la dispensación de la medicación a determinados internos. Algunos de ellos que se tienen que tomar pastillas, acaban traficando . Esto se evitaría con medicación líquida o pastillas sublinguales, que se deshacen en pocos segundos en la boca. De esta manera, se evitaría la sobremedicación o drogadicción de algunos internos y la submedicación de otros que sí lo necesitan, y al mismo tiempo se dificultaría el tráfico de drogas en los centros, que genera deudas y disputas, dicen todos los preguntados por la ACN.
Alberto Gómez, de CSIF, comparte la mayoría de estas reivindicaciones. Las medidas acordadas en el pacto entre Justicia y cuatro sindicatos ya deberían estar cumpliéndose en todos los centros, opina, mientras que las que no se acordaron, deberían serlo pronto. Según él, sólo hace falta “voluntad política” del departamento para aplicarlas. Algunas podrían ser impopulares, admite, como la separación de todos los presos violentos en módulos especiales, pero cree que serían efectivas rápidamente.
Gómez reclama también que sean considerados agentes de la autoridad, histórica reivindicación del sector, algo que este miércoles el conseller de Justicia ha anunciado en el Parlamento que acepta y promoverá.
Admite que la relación con la anterior consellera, Gemma Ubasart, y su máximo responsable de prisiones, Amand Calderó, era insostenible, pero critica que no haya ido más allá, y cree que simplemente se ha aprovechado de un tiempo de cierta calma en los centros.
Por su parte, Francesc, de la plataforma Marea Azul, que también se opuso al acuerdo, es escéptico sobre el cumplimiento del pacto y cree que todavía no se ha llegado a una situación “garantista” para los derechos de los trabajadores.
