La mediación como medio alternativo de resolución de conflictos es una realidad en el Ayuntamiento de Tarragona.
El próximo jueves entrará en vigor la nueva ordenanza que permitirá tener un sistema de prevención y resolución de conflictos. Tiene la motivación de generar confianza entre la ciudadanía y la administración y el objetivo de generar consenso ante situaciones conflictivas.
El secretario del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ha afirmado que no hay ningún Ayuntamiento haciendo este tipo de mediación administrativa. Un tipo que se recomienda desde Europa desde hace años. La recomendación pide garantizar la independencia y la imparcialidad en la mediación, con principio de igualdad y transparencia.
El alcalde, Rubén Viñuales, ha remarcado exactamente lo que pide la recomendación desde las administraciones europeas: “la mediación tiene como objetivo que los conflictos no se cierren por la vía de la imposición, el vencimiento, el castigo o la retribución, sino mediante un camino orientado hacia el diálogo, el acuerdo y la reparación”. Para conseguir estos objetivos, el Ayuntamiento de Tarragona impulsa una bolsa de mediadores.
¿Quién puede ser mediador?
Personas físicas y jurídicas que cumplan tres requisitos. En primer lugar, deben tener titulación superior universitaria. También deben tener formación específica en derecho administrativo. Por último, experiencia en abogacía habiendo participado como mínimo en 15 recursos contenciosos administrativos ejerciendo la defensa letrada o bien acreditar experiencia profesional en una administración, de carácter estatutario o laboral, por un mínimo de 10 años en puestos de trabajo para los que se requiera un título de grado superior.
A la hora de ejecutar cada mediación -se prevén unas 25 anuales- se hará un sorteo para escoger mediadores. Se comprobará que no haya conflictos de interés. Este nuevo reglamento supone un punto de inflexión en la introducción de la práctica de la mediación en el ámbito de la Administración Local.
