Repsol ha expresado su preocupación por el posible mantenimiento del impuesto a las energéticas, advirtiendo de que esto podría comprometer las inversiones que la empresa tiene previstas en el complejo químico de Tarragona. Con una inversión de 1.100 millones de euros destinada a desarrollar la ecoplanta y el electrolizador más grande de España, la empresa ha subrayado que la permanencia de este tributo “pondría en duda la viabilidad” de sus proyectos en el estado español, y por tanto, en la capital del Tarragonès.
Según fuentes de Repsol, un impuesto que penaliza a las compañías puede resultar en la “paralización” de estas iniciativas clave. La empresa considera que este impuesto es “arbitrario” y “discriminatorio”, y alerta de que cualquier disminución de la competitividad podría amenazar la continuidad de sus centros operativos, especialmente en un contexto de deslocalización industrial en Europa.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad del impuesto, afirmando que ha sido esencial para garantizar un escudo social ante el aumento del coste de la vida, y recordando que este canon ha sido compatible con el crecimiento de las empresas como Repsol, que ganó 3.168 MEUR en 2023.
No obstante, la patronal Foment del Treball ha instado al Gobierno a presionar para evitar que el impuesto se convierta en permanente, resaltando que esta medida, inicialmente considerada “temporal y excepcional”, puede poner en peligro inversiones importantes e incluso el futuro del polo químico de Tarragona.
