La nueva ordenanza de terrazas de Tarragona entra en el proceso de enmiendas antes de ir al Plenario.
Los diferentes grupos están fijando cuáles serán sus prioridades y Junts ha anunciado hoy sus 15 enmiendas al texto. Propuestas que, según han explicado, van de la mano de los restauradores. “Hace meses que hablamos con el sector, casi restaurante a restaurante”, ha afirmado el portavoz Jordi Sendra.
Su grupo remarca que la nueva ordenanza debería intentar “mimar” a los restauradores que hacen bien las cosas e ir en contra de quienes no respetan las normas.
De momento, los juntantes avisan de que no votarán a favor del texto actual, pero son optimistas con las negociaciones.
Creen que al documento todavía “le falta empatía” y que sus enmiendas intentan “proteger los derechos e intereses de los restauradores y garantizar una convivencia armoniosa”.
Entre las propuestas, una de las más destacadas es la que afecta a la organización de la propia terraza.
Sendra remarca que, una vez delimitado el espacio autorizado, debe ser el propio restaurador quien debe gestionarlo.
Es decir, rechaza que el consistorio decida la composición y distribución de las mesas, sillas y otros elementos. “No corresponde al Ayuntamiento estos detalles operativos, sino a los propietarios, que conocen las necesidades de sus clientes. El Ayuntamiento se sobrepasa en su competencia”, afirma.
La formación independentista también pide ampliar la época de verano en el sector de la restauración.
El texto marca esta temporada entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, mientras que los juntaires proponen que vaya del 1 de mayo al 15 de octubre.
Según aseguran, la temporada de verano se alarga tanto en el inicio como en su final y la restauración debe adaptarse a estas circunstancias.
Obras, deudas y alborotos
Por otro lado, exigen más flexibilidad en la autorización de las terrazas durante las obras.
En caso de obras de larga duración, proponen que se bonifique al restaurador este periodo sin uso.
“Es de justicia que un restaurador no tenga que pagar por la ocupación de la vía pública que no puede disfrutar”.
Además, los juntantes quieren evitar que los restauradores que traspasen el local o cambien su nombre dejen impuestos o tasas sin pagar. “No puede ser que, cuando un establecimiento cierra, deje deudas con el Ayuntamiento.
Por ello, pedimos que, en caso de traspaso, no se pueda solicitar una nueva autorización hasta que no se liquiden las deudas pendientes.
Esto busca responsabilizar a los titulares y continuidad empresarial”, expone Sendra.
En cuanto a los altercados en los locales, los posconvergentes rechazan que los restauradores puedan ser acusados de falta grave cuando sucedan y piden modificarlo.
“No conozco a ningún restaurador que le gusten los albores en su casa, es el primer interesado en que esto no pase. Si no consigue hacerlos fuera, los responsables son los agentes de seguridad“, destaca.
