El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ha comparecido para explicar el último paso del consistorio en el serial del contrato de la basura y la limpieza de la ciudad. Tras aprobar su adjudicación al pleno de abril, el Diari de Tarragona informaba hoy de que el ayuntamiento “suspendía” la firma del contrato hasta que se conociera la resolución del Tribunal Catalán de Contratos sobre los nuevos recursos de las empresas GBI Paprec y FCC. La noticia ha generado revuelo en la casa y acusaciones por parte de Esquerra Republicana de “echarse atrás” y dar “palos de ciego”.
El secretario general, sin embargo, afirma que “no hemos suspendido nada ni hemos rectificado”, sino que siguen “la ley y la prudencia”. Es decir, ante los dos recursos al Tribunal de Contratos, el Ayuntamiento debe esperar la resolución de los mismos que se prevé en aproximadamente dos meses. “La ley dice que cuando se presenta un recurso en materia de contratación no puedes formalizar la adjudicación”, recalca. Aparte de eso, el secretario piensa que el tribunal les dará la razón y se muestran “tranquilos administrativamente”.
Posibles indemnizaciones
Una de las cuestiones que también ha sido objeto de debate son las posibles indemnizaciones que podría comportar este proceso. El año pasado el Ayuntamiento de Tarragona dio como ganadora de la licitación del contrato a GBI Paprec. Con todo, un recurso de Urbaser al Tribunal Catalán de Contratos hizo que lo expulsaran por no cumplir los pliegos. La decisión fue recurrida al TSJC tanto por la empresa ganadora como por el propio Ayuntamiento, que creía que había actuado correctamente.
En paralelo, el consistorio defiende que debe adjudicar el contrato a la segunda clasificada, ya que la primera está excluida por el tribunal y la ley les indica que deben adjudicar “en caso de tener alguna oferta admisible”, como es el caso. En este punto es donde hay disparidad entre gobierno y parte de la oposición. Esquerra reprocha que adjudicar a Urbaser, segunda clasificada, es “contradictorio” con el recurso al TSJC y señala que el Tribunal de Contratos apuntaba en su escrito que tanto Urbaser como FCC incumplían el pliego también. Por su parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento subrayan que el tribunal “tiene la obligación legal” de excluir otras ofertas y, como no lo ha hecho, deben continuar con el proceso.
De hecho, nos podríamos encontrar que, si el TSJC diera la razón a GBI Paprec finalmente, se le tuviera que indemnizar. Según el secretario, para llegar a este escenario nos tendríamos que trasladar a de aquí a unos siete años y considera que el Ayuntamiento no debería pagarlo. Siguiendo su criterio, como se posicionaron en contra de la exclusión de GBI Paprec por parte del Tribunal de Contratos, el causante del perjuicio sería el tribunal y no el consistorio. Además, el Tribunal de Contratos “no tiene responsabilidad patrimonial” y, por tanto, creen que debería ser la Generalitat quien abonara la indemnización. Incluso el Ayuntamiento también considera la posibilidad de que tuviera que ser la empresa adjudicataria quien la pagara.
Por otro lado, la cantidad de la indemnización ni se acerca a los 21 millones que plantea Esquerra. Los técnicos del Ayuntamiento calculan que sería aproximadamente un 3%, el beneficio industrial.
