domingo, 1 de diciembre de 2024
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La Guardia Urbana de Tarragona, uno de los perfiles mejores pagados entre los funcionarios municipales

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Los salarios de la Guardia Urbana de Tarragona suponen un 25% de los gastos salariales del Ayuntamiento, aunque representan sólo un 15% del total de funcionarios municipales.

Según ha detallado el ‘Diario de Tarragona’, el presupuesto municipal de 2024 dedica 60,6 millones de euros a pagar los salarios de los funcionarios y trabajadores de las dependencias municipales de la ciudad. De esos 60,6 millones, 15,1 millones se destinan a pagar los salarios de los agentes de la Guardia Urbana.

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por fuentes municipales al citado medio, un agente raso del cuerpo policial tiene un sueldo aproximado de 2.300 € netos mensuales en 14 pagas, sin contar “gratificaciones extraordinarias, productividades y antigüedad”. En estos casos, el salario puede dispararse a los 2.700 € netos mensuales.

Esto coloca a la Guardia Urbana tarraconense como uno de los cuerpos policiales mejor remunerados en el ámbito catalán, con un salario medio anual de 43.500 euros, una cifra casi idéntica al de la Guardia Urbana de Barcelona, de 44.000 euros. Según el ‘Diario de Tarragona’, se trata de nóminas más elevadas que otros colectivos de trabajadores municipales, como los letrados, arquitectos, ingenieros o periodistas.

La Guardia Urbana reclama mejoras salariales

Los datos han visto luz pocos días después de que representantes de la Guardia Urbana de la ciudad
irrumpieran en el pleno municipal reivindicando mejoras salariales
.

El cuerpo policial reclama entre otras cosas que no se cumple el convenio, que falta personal y que las horas extras están mal pagadas. Respecto a este último punto, el citado medio explica que las horas extras de la Guardia Urbana se pagan entre los 16 y los 29 euros, en función de la categoría, el horario (de día o de noche) o si se trata de un día festivo.

Ahora, el acuerdo de la mesa general de funcionarios pide que estas horas extras se paguen entre los 20,89 € y los 46,92 €, unas cifras que chocan con la Ley de presupuestos generales del Estado, ya que podrían considerarse “un incremento contributivo no justificado”.

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