El Grupo de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona ha expresado su “gran preocupación” ante el alto riesgo económico y jurídico que supondría adjudicar ahora el contrato de la recogida de residuos en Tarragona. En un comunicado, el grupo denuncia que el alcalde Rubén Viñuales ha presentado datos erróneos sobre las posibles indemnizaciones que debería afrontar el Ayuntamiento si los tribunales dan la razón a la empresa ganadora original del concurso.
Según ERC, las cifras facilitadas por el gobierno municipal minimizan gravemente el impacto económico potencial. Mientras Viñuales habla de una indemnización de 2 millones de euros, ERC advierte de que ésta podría superar los 20 millones. La diferencia radica en la interpretación de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar en Barcelona, que —según los republicanos— establece que la compensación debe calcularse sobre el valor total del contrato, no sólo sobre el beneficio industrial.
El grupo también alerta de que si la adjudicación se acaba haciendo a otra empresa con errores similares, tal y como recogen informes del Tribunal de Contratación, se podría llegar a una situación aún más grave: tener que indemnizar a tres empresas diferentes, con un coste total superior a los 60 millones de euros. ERC compara esta cantidad con el coste de construir tres aparcamientos como el ‘Jaume I’.
A todo ello se añade, según ERC, la falta de informes actualizados por parte de la Secretaría General y la Intervención municipal.. Los últimos documentos disponibles datan de julio de 2024, cuando se intentó adjudicar el contrato a la segunda empresa clasificada. Los republicanos consideran imprescindible que se actualicen estos informes, especialmente a raíz de una nueva sentencia firme de marzo de 2025 y de unas medidas cautelares que podrían obligar al Ayuntamiento a indemnizar si la empresa ganadora inicial gana el recurso judicial.
Ante esta situación, ERC pedirá explicaciones al alcalde Viñuales durante la Junta de Portavoces convocada para hoy 23 de abril. Los republicanos alertan también del riesgo de prevaricación por parte de los responsables de la adjudicación, y advierten de que la ciudad podría quedar gravemente perjudicada por una decisión que consideran temeraria y mal gestionada.
