El Parlamento valida las propuestas de mejora de los Comunes para Tarragona

En el debate de política general celebrado en el Parlamento de Cataluña hasta el viernes 11, el grupo de los Comunes hizo oír su voz para reivindicar algunas de las principales demandas de la demarcación de Tarragona. En este sentido, una vez aprobadas las propuestas de resolución con las que formalmente se cierra el debate, el resultado es que todas estas demandas han salido adelante y, por lo tanto, el Parlamento insta al Gobierno de la Generalitat a atenderlas y hacerlas realidad cuanto antes.

Dentro de la propuesta de resolución en la que se pide “una fiscalidad justa para acabar con los regalos fiscales”, los Comunes han exigido “no facilitar proyectos como el macrocasino del Hard Rock, eliminando la reducción de la fiscalidad del juego en los próximos presupuestos para el año 2025″. Esta medida ha recibido los votos favorables de todas las formaciones políticas a excepción de Junts, PP, Vox y Alianza Catalana, que han votado en contra.

La mejora del transporte público ha sido una de las principales reivindicaciones defendidas por los Comunes a lo largo del debate de política general. Constatando que “el corte de vías en Roda de Berà para mejorar la red ferroviaria ha agravado la difícil situación del servicio de trenes en el Camp de Tarragona“, la formación política ha instado a la Generalitat a ajustar el plan alternativo “para dignificar el uso del servicio por parte de los usuarios y evitar situaciones como que los usuarios del trayecto Barcelona-Reus tarden casi 3 horas. a llegar a destino”. La propuesta de los Comunes ha contado con el voto favorable de todos los partidos políticos.

En cambio, no se ha producido esta unanimidad en la otra iniciativa sobre transporte público de los Comunes para pedir que la Generalitat impulse durante esta legislatura la red del tren tramo al Camp de Tarragona y a Terres de l’Ebre. La propuesta de resolución se ha aprobado con el voto contrario de Junts y Vox.

La otra iniciativa parlamentaria de los Comunes hacia la demarcación de Tarragona ha tenido como hilo conductor “la nueva cultura del agua para una transición ecológica justa”. La propuesta pide “garantizar los caudales ecológicos de las cuencas fluviales, el futuro del Delta del Ebro y el resto de deltas y zonas húmedas” de Cataluña. Y en este contexto también se ha aprobado que no haya “ningún trasvase del Ebro hacia Barcelona“. La mayoría parlamentaria ha sacado adelante estas propuestas a pesar del voto contrario de PP, VOX y Alianza Catalana.

 

Freno a la masificación turística y un gran plan de vivienda pública

“Regular el turismo y ser menos dependientes” ha sido otra propuesta defendida por los Comunes en el debate. Finalmente, han consensuado con los socialistas una resolución en la que se recogen sus principales reivindicaciones. El Gobierno de la Generalitat deberá “iniciar en un plazo de seis meses un estudio sobre la capacidad de carga turística del país, en especial de las áreas de alta densidad”, entre otras razones con el fin de combatir que la masificación continúe “impactando negativamente en el derecho a la vivienda”. También se ha llegado al acuerdo para “impulsar durante 2025 la reducción de los cruceros en el Puerto de Barcelona“, desincentivando los cruceros de escala, analizando los volúmenes máximos de visitantes y concretando medidas como la reducción del número de terminales. Junts, PP, VOX y Aliança Catalana han votado contra todas las propuestas de regulación turística.

Finalmente, los Comunes también han conseguido que el Pleno del Parlament apruebe sus medidas para afrontar la emergencia social de la falta de vivienda pública en Cataluña. La principal, la “puesta en marcha de un programa urgente de fomento de la vivienda protegida con la construcción de 50.000 viviendas accesibles en seis años, de las que el INCASÒL deberá promover 15.000 en los próximos 4 años”. También se destinará como mínimo 350 M€ hasta el año 2028 para “ampliar el parque público de alquiler con 5.000 viviendas” mediante la compra por tanteo y retracto, así como impulsar las calificaciones de vivienda de protección oficial en las zonas de mercado residencial tensionado. En cuanto al compromiso para bajar los precios de los alquileres, “se tramitará en el Congreso la reforma de la LAU para extender los derechos y deberes de los contratos de larga duración o residencia habitual a los contratos de temporada y por habitaciones”, así como aprobar en Cataluña el régimen sancionador y el equipo de inspección y sanción.

Entre los acuerdos en el Parlamento, destaca también “el incremento como mínimo del 50% en los próximos presupuestos de la tasa turística” y que su recaudación sea destinada a políticas de acceso a la vivienda. También se apuesta por el “despliegue de la Ley de Barrios Verdes, con medidas como destinar 1.500 M€ durante los próximos 5 años, rehabilitar 150.000 viviendas en 7 años para incorporarlas al parque de vivienda protegida” o el plan nacional para la erradicación del amianto. Otros compromisos incluyen la creación de una unidad antidesahucios, un plan de choque para dejar a cero las mesas de emergencia y la lucha contra la vivienda vacía, con la aprobación de un Registro de Grandes Tenedores y un Reglamento de viviendas vacías.