Con motivo del 35º aniversario del incendio en la Central Nuclear Vandellós I, que tuvo lugar el 19 de octubre de 1989, Ecologistas en Acción ha alertado de que el sur de Cataluña se convertirá en el principal almacenamiento de residuos radiactivos del Estado español. La organización ecologista ha hecho esta denuncia en un contexto de creciente preocupación por la gestión de los residuos nucleares.
El accidente de Vandellós I, que afectó gravemente a la refrigeración del reactor y a varios sistemas de seguridad, puso de relieve los riesgos asociados a la energía nuclear. Ahora, Ecologistas en Acción recuerda que el 7º Plan de Residuos de Entre Unido, la empresa nacional encargada de la gestión de residuos nucleares, ha descartado la construcción de un almacén centralizado en la provincia de Cuenca. Esto implica que los residuos acumulados en las centrales nucleares deberán permanecer en sus instalaciones hasta la construcción de un almacén geológico en profundidad, previsto para 2073.
Hasta lados, se han generado 123.500 m³ de residuos de baja actividad y 10.400 m³ de alta actividad, y se espera que esta cifra continúe aumentando, con 667 m³ de residuos producidos sólo en el 2023. En el sur de Cataluña, las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs II tienen autorizados varios almacenes temporales individualizados (ATI) que concentrarán más de la mitad de los residuos radiactivos de todo el Estado, aumentando así el riesgo de fugas e incidentes.
Ecologistas en Acción advierte que estos residuos estarán almacenados durante un mínimo de 50 años, exponiendo la salud pública, el medio ambiente y la seguridad a posibles fugas radiactivas, atentados, fenómenos meteorológicos extremos o terremotos. Además, la organización plantea interrogantes sobre la gestión de los contenedores de almacenamiento y los protocolos de intervención en caso de problemas.
La organización ecologista considera que el 7º Plan de Residuos de ENRESA es una evidencia de que la energía nuclear es “cara, sucia y peligrosa” y pide que los reactores aún operativos sean desmantelados lo antes posible, sin esperar a 2035, ya que considera que esta fecha puede ser excesivamente tardía para garantizar la seguridad de la población y del medio ambiente.
