La Guardia Civil y la policía nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores extranjeros en Tarragona. La operación policial conjunta se ha cerrado con doce detenidos en Reus, Tarragona y Torredembarra, además de Italia. Se les acusa de pertenecer a una organización criminal, tráfico de seres humanos para explotarlos laboralmente, detención ilegal y falsedad documental.
En total, se han liberado 46 víctimas que trabajaban en condiciones laborales “pésimas” con horarios abusivos, sin contrato ni documentación de estancia legal. El juzgado de instrucción que se ocupa del caso ha decretado prisión para tres arrestados y ha ordenado la clausura de los locales que la organización utilizaba para la trama.
El pasado lunes 8 de abril se registraron los domicilios donde vivían las víctimas y los cuatro locales de hostelería de la organización, donde se intervinieron dos armas detonadoras, dos dispositivos móviles, dos portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia, 22.295 euros en efectivo y documentación de interés para la investigación.
Según la investigación policial, las víctimas eran captadas por la organización en Colombia, desde donde se les prometía un sueldo y contrato que no se ajustaban a la realidad. Al mismo tiempo, las víctimas contraían una deuda con la organización en concepto de trámites para viajar hasta España, donde se encontraban unas condiciones laborales diferentes de las acordadas en un inicio.
Así, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas del lunes a día, sin vacaciones y pocos descansos semanales. En algunos casos, los detenidos les ofrecían un salario de 20 euros tras aplicar deducciones. Además, la organización también controlaba a las víctimas con cámaras de vigilancia instaladas en los domicilios donde se alojaban.
De los doce detenidos, el juzgado de instrucción que se ocupa del caso ha decretado prisión para tres de los arrestados, además de ordenar el cierre de los cuatro locales donde la organización explotaba a las víctimas. Por su parte, las víctimas ya han sido puestas en contacto con servicios sociales para garantizar su protección.
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