El pasado 15 de enero el Ayuntamiento de Els Pallaresos anunciaba a través de sus redes sociales una “reorganización del servicio de vigilancia municipal“ con una ampliación del horario para cubrir de 7 de la mañana a 10 de la noche los 365 días del año.
De un tiempo a esta parte la seguridad ha pasado a ser un asunto primordial para los gobiernos y son muchos los ayuntamientos que han incrementado considerablemente las partidas destinadas, con la ampliación de las plantillas o con la adquisición de nueva tecnología. No ha sido el caso del Ayuntamiento de Els Pallaresos, donde el alcalde Xavier Marcos decidió, de forma unilateral y por resolución de Alcaldía, modificar la jornada laboral de sus únicos cinco vigilantes municipales -tres funcionarios de carrera y dos interinos- sin ampliar la plantilla ni incrementar los recursos que se destinan.
El anuncio se hacía asegurando de que esta ampliación llegaba “tras meses de negociaciones.”. Nada más lejos de la realidad. Las presuntas negociaciones, un total de tres reuniones con los trabajadores, se realizaron sin convocar a los dos sindicatos mayoritarios, uno de ellos la UGT.
El primero de los encuentros fue en julio, durante el cual el alcalde, Xavier Marcos, informó a los vigilantes de que el gobierno quería ampliar el horario del servicio y que éste debería hacerse “sí o sí”. En ningún caso los trabajadores se negaron a ampliar la vigilancia, “vamos a aceptar el nuevo horario, siempre que las retribuciones, los descansos y el resto de las condiciones laborales se ajustasen al convenio vigente.“, aseguran los vigilantes. Marcos lo rechazó, alegando que debía renegociarse un nuevo convenio y que las propuestas del gobierno estarían incluidas en este nuevo documento, por lo que “no había nada más que negociar“, y les ofreció un incremento de 100 euros por ciclo, condicionado a cumplir previamente con el cien por cien del nuevo cuadrante.
“Le dijimos que eso era inaceptable, que hay un convenio aprobado y que había que respetarlo, que no estábamos dispuestos a perder derechos ni a estar condicionados todo el año, renunciando a poder coger ni siquiera un día de permiso personal o a poner nos enfermos.“, dicen los trabajadores municipales. Además, aseguran, el nuevo cuadrante debilita el servicio, ya que deja un único guardia en muchos turnos.
Ante ello el alcalde rompió las negociaciones y el viernes 12 de enero firmó un decreto con el nuevo calendario laboral, el cual se inició ese mismo lunes.
Los cinco vigilantes han mostrado en diferentes ocasiones su descontento y reportan coacciones y amenazas por parte del equipo de Gobierno, “se nos comunicó que si no estábamos de acuerdo, denunciáramos, pero que si ganábamos la demanda nos despediría“, admiten.
Teniendo en cuenta la vulneración de derechos, la UGT-Servicios Públicos Tarragona ha interpuesto una demanda ante el contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento. Esta ya ha sido admitida a trámite y se está estudiando la paralización cautelar del decreto de alcaldía con el nuevo calendario laboral. “Hemos intentado ponernos en contacto con el alcalde en numerosas ocasiones, obteniendo el silencio como única respuesta. Nos habría agrado que nos convocara para negociar con nosotros como sindicato mayoritario, ya que, con la Mesa General de Negociación creada desde 2021, era su obligación. No sabemos si por descuido o de forma deliberada, pero no lo hizo.“, afirma Joan Reinaldo, secretario general de UGT Servicios Públicos en Tarragona.
Reinaldo fue quien acompañó a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento durante la asamblea que tuvo lugar el pasado 7 de febrero. “La plantilla está preocupada porque puedan haber por ‘decretazo’ más modificaciones que afecten a otros colectivos y se sienten desprotegidos“, dice el secretario general. “Desde UGT los haremos alusión y daremos nuestro apoyo a cualquier trabajador o trabajadora que crea que sus derechos están siendo vulnerados. No permitiremos que se dé ningún paso atrás”.
