El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a un entrenador de fútbol de Sant Joan Despí a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente que entrenaba. El hombre negó los hechos, pero la versión constante de la víctima, así como los mensajes de WhatsApp, han convencido al Supremo, según el auto al que ha tenido acceso la ACN.
El acusado, que ejerció como entrenador y organizador en un club de fútbol femenino entre 2010 y 2011, conoció a la víctima cuando ésta tenía entre 13 y 14 años. Con el tiempo, consiguió ganarse la confianza de la chica y su familia, ejerciendo un control total sobre su vida personal y sus recursos, incluso consiguiendo que la chica le dijera “papa”. Esto llevó a una relación abusiva que culminó en agresiones sexuales continuadas.
A partir de 2013, el acusado comenzó a mostrar deseos sexuales hacia la víctima, que se convirtieron en tocamientos y, posteriormente, violaciones. Los hechos se produjeron tanto en el domicilio del acusado como en su coche y en otros lugares, siempre contra la voluntad de la menor y bajo amenazas.
Las agresiones se interrumpieron cuando, en diciembre de 2014, la madre de la víctima sorprendió al acusado en una situación comprometida con su hija. La víctima, en estado de desesperación, intentó suicidarse en dos ocasiones, una en febrero de 2015 y la otra en noviembre del mismo año. Tras este segundo intento, fue atendida en el hospital, donde confesó los abusos sexuales a una amiga y a una hermana.
Durante el juicio, el acusado defendió que la versión de la víctima era fruto de resentimiento, pero las pruebas obtenidas, como los mensajes enviados por él a la víctima, acabaron dando la razón a la joven.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 9 años de prisión por agresión sexual, junto con una medida de 14 años de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena y tres años de inhabilitación para trabajar con menores. También debe pagar 50.000 euros a la víctima por daños morales.
