lunes, 17 de febrero de 2025
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La Mina fija una nueva fecha para derribar el edificio Venus

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El vaciado del edificio Venus del barrio de La Mina empieza a coger velocidad de crucero. Su deterioro llama a derribarlo desde 2001 -hace más de 20 años- pero antes había que buscar una salida para las 244 familias que viven allí, con un alto grado de complejidad social y vulnerabilidad. Después de intentos frustrados por negociar el desalojo, ahora el Consorcio de La Mina puede haber remachado el clavo. Desde la aprobación del Plan de Gestión, en abril de 2024, han marchado 15 familias que se han acogido a indemnizaciones. En cuanto a realojamientos, hay 14 en trámite que se ejecutarán en pocas semanas. En Venus, sin embargo, todo se cuece a fuego lento y el derribo no será en 2028, como fijaba el Plan. Ahora se trabaja para completar el proyecto en 2030 .

El objetivo a corto plazo del Consorcio es poder cerrar una seguidilla de pisos de los 244 que integran la telaraña de Venus antes del verano, el 29% del total. Además de los 15 que ya están tapiados, por los vecinos que se han marchado con indemnizaciones, se espera que unos 30 vecinos más puedan acogerse a la misma fórmula en los primeros meses del año. Por otro lado, también avanza lento el proceso de realojamiento. En una primera fase se prevén un total de 24 ‘permutas’, las 14 que ya están en trámite y 10 más que los responsables del Consorcio aseguran que se harán “pronto” de acuerdo con la disponibilidad de vivienda actual. Los primeros vecinos a los que se está llamando son los que tienen unos índices de vulnerabilidad más elevados, pero a pesar de esta priorización, no todo el mundo responde positivamente. De hecho, hay 14 familias más que, a pesar de tener prioridad, han rechazado ser realojadas en esta primera fase y esperan poder optar a otros pisos más adelante. El secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Gobierno del Consorcio de La Mina, Raúl Moreno, explica que aunque los pasos son muy lentas el objetivo último no debe ser llegar al derribo en una fecha concreta, sino garantizar una “segunda oportunidad” digna a las familias.

Segunda fase de realojamientos

En este sentido, para poder hacer el vaciado completo del edificio, hacen falta muchos más pisos en el corto plazo, independientemente de si hay vecinos que mientras dure el proceso deciden acogerse a la vía de la indemnización por expropiación. Es por ello que el Consorcio de La Mina ya ha iniciado los trámites para una segunda fase de realojamientos. Como en el caso de los 24 pisos adquiridos en los últimos tiempos para llevar a cabo los primeros realojamientos, el Consorcio de La Mina ha puesto en marcha un nuevo proceso para la adquisición de 35 viviendas más en el mismo barrio. Se han recibido un total de 49 ofertas y ahora los equipos técnicos están en fase de evaluación de las viviendas. En todos estos casos, de vecinos que marchan de manera individualizada a pisos ubicados en otras comunidades de vecinos, el Consorcio de La Mina se ha comprometido a hacer un acompañamiento integral, que va desde “el aterrizaje” a la nueva comunidad o a la gestión de trámites básicos como el alta de suministros. En paralelo, se está redactando también el proyecto constructivo de una promoción de 66 viviendas de protección oficial que se levantará frente al actual edificio Venus. La previsión del Consorcio es tener el proyecto listo en verano y que las obras, una vez licitadas, se puedan iniciar a principios del año 2026. La tercera pata será un segundo edificio de vivienda dotacional, que se ubicará en el otro extremo del barrio: en la calle Ramon Llull, junto a la residencia universitaria y de la Fundación Formación y Trabajo. El número de viviendas que se acaben haciendo es por ahora “indeterminado” y dependerá de los realojamientos pendientes al final del proceso. De hecho, la construcción de este bloque y el traslado de los últimos vecinos de Venus es lo que marca la nueva fecha de derribo del edificio. La previsión del Consorcio es que entre finales de 2029 y principios de 2030 esté construido y se pueda entregar las llaves a las familias, lo que permitiría derribar Venus de aquí a cinco años, si no hay nuevos imprevistos. “La voluntad es acelerar y haremos todo para que sea lo antes posible”, ha señalado Moreno. El secretario de Derechos Sociales, sin embargo, insiste en que ante la complejidad del proyecto y la situación de las personas que viven en Venus, poder hacer el vaciado en cinco años es “razonable”.

Vaciado por escaleras

Otra de las derivadas del vaciado de Venus es que la dilatación del proceso en el tiempo puede provocar disfunciones en el mismo edificio, ya que a medida que pasen los meses quedarán cada vez menos personas viviendo en él, hasta llegar a convertirlo en una especie de bloque fantasma. Para evitar los problemas de seguridad que esto podría ocasionar, el Consorcio de La Mina plantea un vaciado “por escaleras y por pisos”. De esta manera, una vez realojadas las familias con una mayor vulnerabilidad, las siguientes se priorizarán en función de donde vivan. En Venus, los pisos están repartidos en seis escaleras y el gerente del Consorcio, Juan Luis Rosique, detalla que se empezarán a vaciar por los pisos de arriba, entre el 6º y el 10º. De esta manera, se podría inutilizar una parte del edificio. “Si somos capaces de aislar una parte del edificio, la gestión de la seguridad será más sencilla”, apunta Raúl Moreno.

Vecinos en litigio

Parte de toda esta planificación, sin embargo, está condicionada por cómo acaben los diferentes litigios que algunos vecinos tienen abiertos con el Consorcio de La Mina. De entre las 244 familias de Venus se han presentado, según datos facilitados por Derechos Sociales, 78 recursos de reposición y 103 recursos de disconformidad por los importes de expropiación. En paralelo, hay 35 recursos judiciales en el contencioso. Se trata de vecinos que reclaman mayores indemnizaciones por el retraso en el derribo y la ejecución del plan de expropiaciones. El Consorcio les pagó 5.000 euros, pero los vecinos reclaman 10.000 euros por año desde 2009, cuando se aprobó el primer Plan Especial de Remodelación y Mejora del barrio. Los vecinos también reclamaban que se les aplicara el decreto de viviendas para afectados urbanísticos (HAUS) para que los realojamientos no les supongan ningún sobrecoste. Es decir que se pueda intercambiar el piso de Venus por el piso nuevo sin tener que pagar la diferencia del valor de mercado, a igual metros cuadrados.

Alternativas para todos

El Consorcio recuerda que esta es una petición que ya ha sido atendida, como también se ha mejorado un 22% la cifra de las indemnizaciones para las expropiaciones. Si inicialmente oscilaban entre los 80.000 y los 99.000 euros y ahora son de entre 97.000 y 121.000 euros, en función de las habitaciones de la vivienda. En este sentido, el secretario de Derechos Sociales defiende que en este proceso todos los vecinos de Venus tienen garantizada una salida. Un total de 105 vecinos cumplen los requisitos para ser realojados, mientras que el resto pueden optar por indemnizaciones, si son propietarios, o a un alquiler social. Además, también se promueve la propiedad compartida para ayudar a aquellos vecinos que no puedan asumir los impuestos derivados de la compraventa, en los casos de los realojamientos. La cifra puede llegar a los 16.000 euros y el Consorcio les propone asumir su coste a cambio de quedarse una parte de la propiedad de la nueva vivienda. En total, el presupuesto del Plan es de 30,8 millones de euros y el importe total de valoración de las viviendas a expropiar se aproxima a los 20 millones.

Transformaciones más allá de Venus

Al margen del edificio Venus, el plan de transformación de La Mina también prevé la construcción de la nueva sede del Departamento de Derechos Sociales, una guardería, un centro de día para la tercera edad, la remodelación del centro cívico del barrio, o un centro internacional de luchas olímpicas. Más allá de “las piedras”, Raúl Moreno apunta que es también imprescindible dotar al barrio de proyectos sociales que favorezcan la transformación. En este sentido, cada año se invierten en actuaciones sociales unos dos millones de euros, destinados principalmente a políticas de inserción sociolaboral, educación y participación comunitaria.

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