El juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha archivado la investigación contra once guardias civiles por torturas y otros delitos contra algunos CDR detenidos en el marco de la ‘operación Judas’ en septiembre de 2019. La jueza tuvo que admitir la querella, presentada en agosto de 2020, después de que en mayo pasado la Audiencia le ordenara los hechos denunciados en Sabadell, en Sant Andreu de la Barca y en Tres Cantos (Madrid). La querella denunciaba delitos de detención ilegal, amenazas, coacciones, contra la integridad moral y torturas durante la detención y traslado de Jordi Ros por parte de agentes del comandante en jefe de Información en Cataluña, dos capitanes y ocho agentes.
En un auto de 19 de diciembre, y que se ha conocido al comenzar el año, la jueza instructora “culmina lo que ha sido una instrucción pésima y duramente criticada por la Audiencia de Barcelona“, según crítica Alerta Solidaria. En un primer momento rechazó buena parte de la querella presentada en agosto de 2020 por Jordi Ros, miembro de los CDR detenido pocos días antes de hacerse pública la sentencia del juicio del Proceso. La jueza argumentaba que sólo tenía que investigar lo ocurrido en su partido judicial y dejaba para otros jueces investigar aquel maltrato que había tenido origen en Sabadell. Una y otra vez rechazaba citar a declarar a los agentes actuantes conocidos por la documentación de la operación y que eran once.
Pero la Audiencia, en respuesta a los recursos de Alerta Solidaria, por auto de 22 de mayo de 2024, criticó duramente la inactividad de la jueza. Le recordó que los hechos eran continuados y tenían origen en el Vallès, que debía aceptar la querella al completo, que había que acordar las diligencias mínimas como la citación de los agentes implicados y le reprochaba las dilaciones indebidas y la “pésima instrucción llevada a cabo hasta ahora”.
Pocos días después de esta dura resolución, el 18 de junio, la jueza emplazaba a las partes a posicionarse sobre el posible otorgamiento de la amnistía a los once agentes de la Guardia Civil. La defensa se mostró favorable y la fiscalía, que también respondía a favor, solicitaba previamente el archivo ordinario de la causa. Posteriormente, y dando curso a las órdenes de la Audiencia, la jueza fijaba para los días 17 y 19 de diciembre, seis meses más tarde, las citaciones de los once investigados. Pero cinco días antes de estas citaciones, la jueza, ahora con motivo de las nuevas solicitudes recibidas por las partes defensoras, aplazaba sin nueva fecha las citaciones.
Quince días después, y justo antes de las vacaciones de Navidad, firmó un último auto en el que daba la razón al ministerio fiscal y la defensa de los agentes, y acordaba el archivo de la causa afirmando que no cabe resolver la aplicación de la amnistía porque hay pendiente una cuestión prejudicial ante el TJUE por parte del Tribunal Supremo.
Según Alerta Solidaria, esta última cuestión “no es más que un subterfugio, un fraude de ley, para poder archivar de nuevo el procedimiento aplicando la amnistía en caso de que la Audiencia vuelva a dar la razón al recurso de Alerta Solidaria como ya hizo con la admisión a trámite de la querella”.
Desde Alerta Solidaria denuncian lo que es “un boicot de más de cuatro años, que es de manual, y que es lo que genera en la práctica los espacios de impunidad para la comisión de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes. La inacción judicial en el Estado español, en relación a los malos tratos en comisarías, traslados y cárceles, han supuesto la condena reiterada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo una estrella de esta lamentable condecoración el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska“.
En la querella, Jordi Ros alegaba que se habían acorralado su domicilio, el de sus padres y el de su hermano sin la presencia de su abogado, con quien no pudo contactar hasta 33 horas después de la detención, una vez ya en Madrid. Durante el traslado al centro médico de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), donde la Guardia Civil tiene su sede principal en Cataluña, los agentes le presionaron para autoinculparse diciéndole que si no lo hacía detendrían a su pareja cuando llegara al aeropuerto de El Prat, ya que sabían que venía de viaje. También lo amenazaron con hacerle daño a su hermano y a su familia.
Durante el trayecto en coche hasta Tres Cantos estuvo con el tronco inclinado hacia adelante, le impidieron que dormiera y le iban haciendo preguntas. Además, le pusieron un antifaz.
Una vez en Tres Cantos le dieron una botella de agua que le provocó mareos, pérdidas de memoria y pérdida de la noción del tiempo y el espacio, así como de las capacidades en general. Esto, le hace sospechar que le introdujeron alguna sustancia en la bebida.
Antes de entrevistarse con su abogada de oficio en Madrid, un agente le recordó que “el pacto” para no hacer daño a su hermano, padres o pareja, pasaba por aceptar a la abogada de oficio y declarar todo aquello que le habían explicado que supuestamente habían descubierto durante la investigación.
Para archivar la querella, la magistrada alega que no ha encontrado indicios de delito más allá del escrito. En su declaración en el juzgado, la jueza asegura que el querellante no dio más detalles de los supuestos delitos, y tampoco sus padres explicaron nada que haga sospechar de los hechos descritos. La jueza también le recuerda a Ros que presentó un ‘habeas corpus’ en la Audiencia Nacional el mismo septiembre de 2019, pero no alegó ninguno de los hechos descritos en la querella de once meses después.
Igualmente, tampoco consta que Ros explicara estos hechos ni a los médicos de Sant Andreu de la Barca ni al de Tres Cantos, o a su abogada de oficio.
