La Ordenanza de Civismo y Convivencia se debatirá en el próximo Pleno Municipal, con el objetivo de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo y preservar el bienestar de la ciudadanía.
La aprobación definitiva llega tras un trabajo conjunto con entidades, particulares y formaciones políticas, que ha contribuido a mejorar el texto inicial con sus aportaciones. Durante el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento ha recibido un total de 39 escritos con 184 alegaciones, de las que se han estimado favorablemente aproximadamente el 70 por ciento.
El texto responde a las demandas y necesidades comunitarias de respeto a la libertad y a los bienes comunes, al equilibrio de derechos y a su defensa. Además tipifica las acciones y omisiones que constituyen un perjuicio para la convivencia, para la tranquilidad o bienestar público y para la seguridad y respeto de la salubridad, la salud y el medio ambiente.
Fruto del trabajo conjunto
En su redacción han participado diferentes agentes sociales, como por ejemplo la Cámara de Comercio, asociaciones de comerciantes, el Gremio de Fabricantes, Cruz Roja, Actúa, el Ilustre Colegio de la Abogacía, la Federación de Asociaciones Vecinales o la Síndica Municipal de Greuges, entre muchos otros.
La ordenanza regula actitudes incívicas que alteran la convivencia y tienen influencia sobre la vida de los demás, como poner la música muy alta, hacer fiestas en la calle, no recoger las defecaciones de los perros, no llevar perros peligrosos atados, hacer pintadas a bienes muebles o inmuebles sin autorización previa o dejar la basura fuera del contenedor, entre otros.
Medidas alternativas
En el caso de que alguna de las infracciones que se recogen en la ordenanza desemboquen en procedimiento sancionador, el texto prevé tanto multas económicas como medidas alternativas (MASE). Estas últimas se consideran especialmente importantes en el caso de las personas menores de edad, ya que son un segmento de la población que hay que formar y trabajar con ellos los valores cívicos.
Estas medidas pueden ser talleres convivenciales, mediaciones reparadoras u otras vías de resolución de conflictos. Se trata de ofrecer una sustitución a las sanciones económicas, que pueden ir de los 100 euros a los 3.000 euros en función del tipo de infracción.
La normativa responde a la voluntad municipal de contar con una ciudad más cívica y segura. Es por ello, que la nueva ordenanza irá acompañada de una mayor inversión al mejorar el espacio público así como en la dotación de más recursos a la Policía Municipal. En este caso, se incorporarán nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de los agentes, como la instalación de más cámaras de videovigilancia. Además, habrá un incremento de la plantilla del cuerpo.
De forma paralela a la aplicación de la ordenanza, se realizarán campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar comportamientos cívicos.
