Mañana por la mañana, la Audiencia de Barcelona juzgará a los tres jefes de la residencia barcelonesa Sanlisart como principales responsables de la atención deficitaria que sufrieron una veintena de ancianos. Por si no fuera suficiente, estos sufrieron desnutrición por la falta de comida, por lo que la fiscalía pide un mínimo de 42 años de prisión para los acusados.
Tal y como ha informado EFE y recogió Telecinco, mañana comparecerán la administradora, el director y responsable higiénico sanitario y la supervisora del funcionamiento. Los hechos tuvieron lugar en Sant Quirze del Vallès entre los años 2015 y 2016 y actualmente el centro se encuentra cerrado.
Una anciana llegó a pesar 33,6 kilos
La Fiscalía de Sabadell acusa a los responsables que atentaron contra la dignidad de sus pacientes de forma consciente. Esto conllevó un “incumplimiento de sus funciones” que desencadenó que los ancianos experimentaran una “extrema precariedad y suciedad”.
Además, las acusaciones también incluyen que los trabajadores no atendieron las necesidades de los pacientes, especialmente en cuestiones de higiene. Por otro lado, la demanda y la petición de prisión también tiene presente que a un hombre lo ataron a la cama sin ninguna prescripción médica que lo indiques.
La Fiscalía también considera que se aprovecharon del estado de muchos de los ancianos, los que no se podían defender de las actuaciones que sufrían. Además, para ahorrar gastos al comer repartían 18 menús entre los 24 residentes, lo que provocó que una abuela pesara 33,6 kilos.
La Generalitat trasladó a los ancianos a otra residencia de Sabadell
El estado de muchos de los residentes era de desnutrición grave y por suerte en 2017, gracias a la intervención de la Generalitat, fueron derivados a otra residencia. En ella, se dieron cuenta de su situación y diseñaron una planificación para recuperar parte del estado físico, además de su higiene.
Por si no fuera suficiente, la denuncia también incluye un cuarto individuo, el administrador de la empresa de catering acusado de falseado documental. Sin embargo, mañana la justicia deberá tomar una decisión sobre los responsables de la residencia Sanlisart, los que se enfrentan a más de 42 años de prisión y una posible multa a cada uno de los afectados de 30.000 euros.
La construcción de una nueva residencia se detiene por problemas con el patrimonio histórico de Tarragona
