“La Vivienda es la puerta de acceso a todos los demás derechos; y el gobierno de la Generalidad de Cataluña ha priorizado esta política social.
Por eso proyectamos la necesidad de que sea una política vertebradora de los futuros gobiernos de nuestro país”, ha manifestado la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, en una atención a los medios.
Unas declaraciones que se han producido instantes después del acto de firma del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Parets del Vallès, el Instituto Catalán del Suelo y la Agencia de la Vivienda de Cataluña con el fin de hacer efectiva la promoción de 58 viviendas de protección oficial y de alquiler asequible en Parets del Vallès.
Aparte de la presencia de la consejera Capella, la firma ha contado con el delegado del Gobierno en Barcelona, Joan Borràs, la secretaria de Vivienda, Marina Berasategui, el director de los Servicios Territoriales de Barcelona, Emili Mató y el alcalde de Parets, Francesc Juzgado, acompañado de representantes del consistorio.
Así pues, la firma de este convenio supone un paso adelante en las políticas de vivienda y tal y como ha asegurado Ester Capella “permitirá garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de los ciudadanos de nuestro país”, ya que, según afirma “todavía estamos muy lejos de los porcentajes de vivienda pública que tienen otros países de Europa”.
Viviendas reservadas para menores de 35 años
Las 58 viviendas de precios asequibles se construirán en dos solares que han sido cedidas al ente público Incasol por un plazo de 75 años.
Además, habrá una reserva del 35% de ellos que irá destinado a los jóvenes menores de 35 años y un 10% a casos de emergencia social.
El resto irá destinado al conjunto de la ciudadanía.
La obra, que tendrá un coste de 8,5 millones de euros, se podrá hacer efectiva gracias al acuerdo de tres administraciones diferentes y tal y como ha explicado Capella, responde a los cuatro puntos troncales en los que se basan las políticas de vivienda: en hacer frente a la emergencia habitacional, en aumentar, adecuar y rehabilitar el parque público de vivienda y en sacar la vivienda de la lógica del mercado.
El alcalde del municipio, Francesc Juzgado, se ha mostrado “muy contento y satisfecho con este acuerdo” y, ha afirmado que “ayudará a regular los precios del alquiler disparados y dará acceso al derecho de la vivienda de la ciudadanía”.
