Laporta y su junta quedan excluidos del ‘caso Negreira’

En septiembre pasado el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictaminó que Laporta y otros exdirectivos pasaran a ser investigados por estos pagos sospechosos a Negreira y su hijo a través de sociedades de su propiedad y con motivos confusos. Consideraba que era un delito continuado de soborno, porque los pagos se habían producido desde antes del primer mandato de Laporta hasta 2018. Como este delito no prescribe hasta los 15 años, la investigación se ampliaba hasta 2009, lo que abarcaba el primer mandato de Laporta.

La Audiencia critica que el magistrado instructor contemple la continuidad de un delito cuando, en realidad, los autores fueron cambiando en el tiempo, ya que tras Laporta la junta directiva estuvo presidida por Sandro Rosell y posteriormente por Josep Maria Bartomeu. Así, considera que cada uno de los tres presidentes del periodo investigado debe responder por los pagos que se hicieron bajo sus mandatos. Por eso, cuando acaba cada mandato es cuando se debe empezar a contabilizar el plazo de prescripción, dice el tribunal. Laporta fue presidente, y directivo, hasta el 30 de junio de 2010.

Los magistrados concretan que podrá aplicarse el delito de soborno a ninguno de los, ya que hace unos días ya se descartó al considerar que la Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros no son organismos públicos, y por tanto Negreira no era funcionario y no se puede aplicar este delito.

En el caso del delito de corrupción deportiva se introdujo en el Código Penal sólo una semana antes de que Laporta dejara el cargo. Por ello, la Audiencia dice que se debe estudiar la prescripción de los delitos de administración desleal y falsedad documental. En ambos casos la prescripción es al cabo de cinco años. Como la investigación se inició en 2023, el caso habría prescrito para Laporta y los directivos que plegaron en 2010.

Por otro lado, el tribunal no admite la petición de archivo del presidente Rosell, ya que el delito que se le atribuye a él prescribe a 10 años, y él habló de presidente en 2014 y, por tanto, no estaría prescrito.

La sala no admite la petición de archivo parcial para su persona presentada por.R.F. ya que la pena asociada al delito que se le imputa tiene un plazo de prescripción de 10 años, que no han transcurrido.