La Audiencia de Barcelona ha juzgado este miércoles a un policía local de Sant Feliu de Llobregat por haber enviado un correo electrónico insultando a su jefe a través de la cuenta de correo de un compañero. La fiscalía le pide 2.250 euros de multa e indemnización al agente víctima, mientras que el agente afectado le pide cuatro años de prisión. El agente acusado aceptó los hechos durante el procedimiento disciplinario que le abrió el ayuntamiento. Este miércoles ha asegurado que no tuvo acceso a ningún dato, documento o fichero de carácter reservado o personal ni los ha comunicado o explicado a nadie. La defensa pide la absolución o penas mucho menores por la atenuante de confesión y dilaciones indebidas.
Según la fiscalía, hacia las 4 de la tarde del 19 de marzo de 2015 el agente denunciante estaba en el ordenador compartido de la sala sindical, al que accedió con su nombre de usuario y código de agente, hasta que hacia las 16.25 horas fue requerido por sus superiores para realizar otras funciones, y dejó su sesión abierta.
Hacia las 17.21 horas, el agente acusado y con el fin de “perjudicar” al agente víctima, con el que había tenido disputas previas motivadas por discrepancias profesionales, entró en el ordenador con la sesión y nombre de usuario del otro agente. Con el afán de “lesionar la dignidad y el buen nombre” del jefe del cuerpo y con la intención de dañar su fama profesional, envió un correo electrónico al subjefe del cuerpo donde decía: “Ya te lo dije que la cabeza era un borracho y el otro un ‘drogata’, pero, en fin, que les den, yo a la mía. Ya me dirás algo, hehehe”.
A consecuencia de este correo se abrió un decreto por parte del Ayuntamiento de Sant Feliu con el fin de identificar al responsable y se interrogó a varias personas. Finalmente, y gracias a las cámaras de seguridad y a las hojas de servicios de los agentes, se descubrió que había sido el acusado quien había escrito el correo electrónico. Todo ello causó muchas molestias y ansiedad a la víctima, que era interino en el cuerpo. El acusado pidió disculpas a la víctima, pero con una “sonrisa”.
Por todo ello, la fiscalía le pide 2.250 euros de multa y 2.000 euros de indemnización por los daños morales por un delito de injurias contra funcionario público. En cambio, la acusación particular pide 4 años de prisión y 10.000 euros de indemnización por un delito contra la intimidad.