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El desahucio de una vecina de 78 años en el barrio Gótico de Barcelona por un impago inicial de 177 euros se ha acabado haciendo efectivo esta semana. El lanzamiento se aplazó por última vez a noviembre. En 2017, las partes acordaron unas obras de mejora en la vivienda asumidas por la propiedad con la contraprestación de aumentar en 88,8 euros mensuales el alquiler. La mujer, sin embargo no pagó inicialmente las dos primeras mensualidades porque creía que las obras no se adecuaban a lo pactado. En noviembre la propiedad aceptó negociar un alquiler a precio de mercado. Finalmente, pero la mujer ha sido desahuciada. Resistimos al Gótico culpa al Ayuntamiento de Barcelona, pero éste asegura que ha sido la propiedad la que ha rechazado su propuesta.
Según ha explicado Resistim al Gótico en un comunicado, durante estos tres meses se han producido negociaciones y había un acuerdo que ha lamentado que el consistorio barcelonés ha acabado rompiendo “de manera totalmente opaca y vergonzosa”. Este acuerdo establecería que la mujer continuara pagando la renta antigua y el ayuntamiento lo complementaría hasta los mil euros exigidos por la propiedad, con una fecha fija para tener acceso a la vivienda pública que está esperando la vecina.
Resistimos al Gótico ha afirmado que finalmente el consistorio ha rechazado el acuerdo con argumentos “absurdos, poco coherentes y creíbles”. El colectivo ha reconocido que los pagos de cuotas de alquiler a propietarios especuladores no atacan la raíz del problema pero ha defendido que permiten a personas en proceso de desahucio seguir viviendo en su hogar habitual mientras tienen un piso de emergencia. En este caso hacía 55 años que la mujer vivía en este domicilio.
Resistimos al Gótico ve un cambio de criterio político relacionado con la falta de políticas de vivienda del nuevo consistorio, con una “ausencia absoluta” de interlocución y de soluciones para luchar contra los desahucios.
Por todo ello, ha exigido explicaciones inmediatas al Ayuntamiento y que esta vecina sea realojada “inmediatamente” en una vivienda pública en el barrio.
El consistorio explica que lo que no podía era avalar
Fuentes del Ayuntamiento han explicado que el problema es que no puede avalar pagos de terceros, como estaba reclamando la propiedad. Por ello, su propuesta era la de dar una ayuda de emergencia social a la mujer en concepto de vivienda de 1.000 que se abonaría a la propiedad para que la vecina pudiera permanecer en su piso. El consistorio ha insistido en que no puede avalar pero sí otorgar ayudas de emergencia. Por ello, se comprometía a abonar esta ayuda de emergencia hasta que la mujer dejara la vivienda y fuera a un piso público. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que la propiedad ha rechazado esta opción.
