Junts y ERC instan al gobierno español a que la propiedad y gestión de Cercanías sea catalana

El grupo parlamentario de Junts ha registrado una moción de cara al pleno del Parlament de la semana que viene donde pretende que se exija al gobierno español que el traspaso de Cercanías sea “inmediato e integral”, con todos los recursos económicos correspondientes. Además, el grupo de Albert Batet reclama que la propiedad y gestión pasen a ser 100% catalanas, y no a través de ninguna empresa compartida. A su vez, el grupo de ERC quiere que el pleno inste al Gobierno a desplegar el acuerdo bilateral del traspaso “integral” de Cercanías. Por otro lado, el PPC ha registrado una moción donde propone detener la supresión de los proyectiles de foam utilizados por los Mossos como medio de “defensa y dispersión” en situaciones de desórdenes públicos.

En el texto de su moción sobre Cercanías, ERC también insiste en que hay que constituir la nueva operadora entre 2024-2025, el traspaso de las primeras infraestructuras durante 2025 y, antes de acabar 2024, la ejecución de los hitos acordados por la viabilidad económica del traspaso, la mejora del servicio y la garantía pública de la movilidad.

En otra moción, los republicanos quieren instar al Gobierno de Salvador Illa a recuperar, antes de finalizar 2024, el contenido del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, con el objetivo de llenar los vacíos de la Ley estatal por el derecho a la vivienda en cuanto al alquiler temporal y el de habitaciones y establecer un régimen sancionador.

El grupo de Junts también ha registrado otra moción donde pide que el Gobierno resuelva con “celeridad” la dotación de intérpretes de la Lengua de Signos Catalana a todos los estudiantes firmantes que lo han solicitado y que lo requieren.

Por su parte, el grupo de la CUP quiere que el Parlament inste al ejecutivo a no aceptar ni negociar ningún otro “macro acontecimiento” sin los informes que justifiquen la no generación de emisiones efecto invernadero, el consumo de agua sostenible y que estos no comporten modificaciones urbanísticas donde se pierdan espacios naturales o agrarios.

En otro apartado, la formación anticapitalista también propone que el pleno inste al Gobierno a encargar, en el plazo de un mes, una auditoría y un informe externo para valorar la Copa América.