Tres casos de acoso sexual y laboral al 112 de la Zona Franca de Barcelona

La Comisión de Igualdad y el Comité de Empresa del servicio de emergencias 112 ha denunciado públicamente tres casos de acoso sexual y laboral en el centro de la Zona Franca de Barcelona, los tres con varios afectados. Según explica, uno de los casos, de acoso sexual y laboral, está judicializado y afecta a un mando en el periodo de la empresa de telemarketing que atendía el servicio antes del actual. Otro caso, de acoso laboral, ha supuesto que la empresa admitiera “abuso de poder”, pero que fuera la víctima la que tuviera que “cambiar de turno“. El tercer caso, de acoso sexual, implica según la misma fuente a otro coordinador, que “aprovechaba el entorno laboral” para proponer a las trabajadoras mantener relaciones con él.

Las fuentes que denuncian el caso afirman que este coordinador tiene una actividad privada al margen del 112 a través de la cual hace “fotografías de desnudos“, al tiempo que “mantiene mucha actividad de carácter sexual en la red”. A las chicas, afirman, les proponía también hacerse fotos, además de mantener relaciones con ellos.

Tanto la Comisión de Igualdad como el Comité de Empresa del 112 aseguran que hay “varias personas que presentan denuncia en la empresa” y que tienen conocimiento de una conducta inapropiada del coordinador con “hasta ocho situaciones muy sensibles”.

En torno al primer caso denunciado, el de acoso sexual y laboral que está judicializado, implica “diferentes víctimas” y se denunció en la etapa de la empresa de telemarketing que gestionaba el servicio antes del actual. El Comité de Empresa afirma que aquella empresa no actuó.

También lamenta que a pesar de la judicialización, “toda la cadena de responsabilidades hace años que falla” y ha provocado que los problemas “no se resuelvan a tiempo”, así como que las “conductas inapropiadas se reproduzcan y lo paguen las trabajadoras abocadas a la indefensión y buscando una vía legal para hacer justicia“.

El Comité de Empresa también relata que el caso de acoso laboral afecta a “más de una víctima“, que sufrieron “gritos” dentro de la sala de emergencias por parte de un mando, aparte “de opiniones sobre la vida privada” de las trabajadoras, “burlas, sobrenombres” u otras actitudes despectivas, como “ignorarlas cuando hablan aunque eso perjudique la llamada de emergencia que hay en curso”.

Según los denunciantes hay “muchos testigos que corroboran los hechos”, hasta el punto de que la empresa que gestiona actualmente el servicio “admite abuso de poder“. Lamentan, sin embargo, que haya sido la víctima la que ha tenido que cambiar de turno y buscarse “el apoyo psicológico y los mecanismos para mal llevar la situación como pueda”.

“La empresa de telemarketing tanto por omisión, por no emprender medidas de prevención efectivas, como por acción ha desprotegido a las víctimas con el perjuicio para la salud que ello conlleva”, subrayan los denunciantes.

Según explica el Comité de Empresa, el 112 depende de la empresa pública Cat-112 que cuelga del Departamento de Interior, y esta firma pública subcontrata al personal de las salas a la empresa de telemarketing Serveo. Esta estructuración, opinan los denunciantes, hace que ninguna de las dos empresas “asuma responsabilidades” en la gestión ni en el personal.

Los trabajadores del centro de Zona Franca están en huelga desde enero pasado, consecuencia, según el Comité de Empresa, de la precariedad laboral y las condiciones de trabajo, circunstancias a las que “hay que añadir los casos de acoso”.

Acompañamiento y asesoramiento

Por su parte, fuentes de la empresa pública han querido aclarar a través de un comunicado que uno de los tres casos es anterior a la gestión de la dirección actual y dos son más recientes. En los tres casos la entidad ha trabajado con la empresa prestataria del servicio para esclarecer los hechos y para que se tomaran “las medidas sancionadoras y correctoras oportunas“.

En cuanto al primer caso, la dirección del Cat-112 y los gabinetes jurídico y de igualdad del Departamento Interior realizaron reuniones de acompañamiento y asesoramiento a las trabajadoras afectadas entre mayo y junio de 2022.

El Cat-112 puso los hechos en conocimiento de la fiscalía mediante un escrito el 16 de junio de 2022. Según indica la compañía, unos meses después, ésta informó de que el caso se había archivado.

Previamente, añade la misma fuente, la empresa prestataria del servicio abrió los correspondientes expedientes informativos, que concluyeron “que los hechos denunciados no se podían probar“.

Además, a petición de la Dirección del Cat-112, la empresa “revisó y mejoró” las medidas para fortalecer la prevención de situaciones de acoso “a través de formación a su personal en planes de igualdad“. Asegura que también “fortaleció y revisó” los protocolos internos y estableció medidas cautelares.

Sin embargo, la empresa pública del Departamento de Interior tiene constancia de que el caso está judicializado porque una de las trabajadoras “finalmente interpuso una denuncia“. El Cat-112 asegura que no es parte de este proceso judicial y remarca que los hechos denunciados tuvieron lugar de los años 2020 atrás, periodo anterior a la gestión de la dirección actual de la empresa pública y de la empresa que presta el servicio actualmente.

En cuanto a los otros dos casos de acoso, la entidad explica que “se habrían producido más recientemente” y que, como en el primer caso, tan pronto como tuvo conocimiento lo trasladó a la empresa para “aclarar los hechos y para que se tomaran las medidas correctoras pertinentes “. Según añade, la empresa prestataria del servicio informó al Cat-112 que habían activado los procedimientos internos y habían abierto expedientes informativos.