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Un juzgado de Sabadell ha archivado la investigación contra los responsables de una residencia de ancianos de Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) por la muerte de 55 personas durante la primera ola de covid en 2020. La fiscalía y algunos familiares apuntaban al director del centro Residencial Palau, al médico y a la empresa como responsables de los delitos de abandono de persona necesitada, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y falsedad documental. No obstante, la magistrada instructora no ha encontrado suficientes indicios de delito. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra, la ineficiencia e imprudencia reiteradas en el tiempo en la práctica de medidas de prevención y control de la covid causaron la muerte de medio centenar de residentes.
La magistrada dice que se han practicado numerosas diligencias de investigación, incluidos unos informes médicos forenses sobre la atención recibida por parte de cuatro residentes aleatorios. Estos informes no aprecian abandono y concluyen que fueron visitados con regularidad, que las indicaciones médicas fueron proporcionales a los problemas que planteaban, y que las decisiones terapéuticas “no pueden considerarse anómalas ni apartadas de la práctica médica”. Tampoco se aprecian “deficiencias de cobertura”.
Así, la magistrada concluye que la investigación no ha apreciado ningún incumplimiento deliberado o imprudente de las normas sanitarias emitidas por los distintos organismos de salud pública, ni tampoco se abandonó la asistencia, aunque reconoce una “situación de gran complejidad en la gestión, propia de la situación epidémica que se vivía”.
Igualmente, tampoco se ha detectado un aislamiento inadecuado de los pacientes en la fase inicial de la pandemia. Así, los residentes que murieron ocupaban ubicaciones diferentes dentro de la residencia, lo que hace pensar a la magistrada que el origen de la propagación fue en las visitas externas recibidas justo el día antes de decretarse la prohibición de visitas por parte de las autoridades sanitarias.
El auto recuerda que era un centro residencial, no sanitario, y que ninguno de los residentes requería un ingreso hospitalario. Si así hubiera sido, tampoco se hizo la petición y también pone en duda que se hubiera acabado considerando conveniente debido al colapso de los hospitales. Además, la magistrada recuerda que desde el 1 de abril de 2020 el Equipo de Atención Primaria del municipio asumió la supervisión sanitaria de los usuarios del centro.
Por último, en cuanto a la alta de información o descoordinación en la transmisión de la información a las familias, a pesar de admitir la angustia provocada a las familias, no supone un delito, según la magistrada. Además, también se considera que no se incumplió la ratio de profesionales por número de residentes.
Testigos acusatorios
Los diversos testigos interrogados describieron situaciones como fiestas con medio centenar de residentes sin mascarilla ni distancia de seguridad, desatención de los residentes o falta de comunicación con los familiares. Los familiares no podían ver y en algunos casos ni siquiera hablar con sus padres o abuelos. La residencia no hizo la primera comunicación con el SEM hasta el 4 de abril, cuando ya habían fallecido 9 residentes por covid.
Los datos recogidos denotan una falta de comunicación directa con los familiares, con impedimentos para poder hablar con las personas que residían o verlos por videollamada, pero sobre todo con una negativa tajante ante cualquier posibilidad de extracción del centro. Una falta de comunicación que también se hacía evidente con los estamentos sanitarios, sin llamadas al 061, el 112 o el SEM hasta el 4 de abril.
Por aquellas fechas, ya se contabilizaban nueve personas fallecidas en la residencia. El primer traslado a un centro hospitalario no se produjo hasta el 15 de abril, y desde entonces y hasta el 29 de ese mismo mes se hicieron una decena.
Además, los informes relatan una falta de limpieza suficiente en las habitaciones, sin separar los residuos contaminantes y que no había la disposición necesaria de los equipos de protección personal, los EPIs.
