El presidente del gobierno español ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la actuación de su ejecutivo en la gestión de la crisis en el País Valenciano. Ha asegurado que el gobierno español cumplió sus responsabilidades en la gestión de la dana “desde el primer momento”. “Lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo todo el tiempo que sea necesario para garantizar la reconstrucción de las zonas afectadas”, ha dicho antes de recordar que la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar alertaron insistentemente a la Generalitat valenciana antes, durante y después del inicio del episodio. “Por lo tanto, pido que no se engañe a la gente. Si quieren buscar culpables, que los busquen, pero no señalando a los servidores y servidoras públicas que cumplieron con su deber”, ha dicho.
Su objetivo, ha apuntado, es “aclarar algunas confusiones que se han volcado a la opinión pública”. En este sentido, ha recordado que la AEMET emitió los primeros avisos por la dana el 24 de octubre, días antes de la catástrofe, y el domingo, 27 de octubre anticipó un aviso naranja que se activó al día siguiente. El martes 29, día de los hechos, la AEMET activó el nivel rojo a las 7.31 horas, y “llamó al departamento de protección civil de la Comunidad Valenciana para subrayar la gravedad de la situación”. Además, ha recordado, a las 9.43 informó del aumento al nivel rojo en toda la provincia de Valencia y llamó a Protección Civil valenciana durante todo el día.
Sánchez también ha desmentido tajantemente que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informara a las autoridades. “No hubo ningún apagón informativo, y este organismo mantuvo una comunicación constante con el Centro de Emergencias de la Generalitat durante todo el episodio de la dana”. En concreto, según Sánchez, a las 12.07 horas informó de la situación del barranco de El Poyo, y envió 198 correos electrónicos a las autoridades de protección civil, además de estar presente en el CECOPI.
Los dos organismos, ha afirmado, “son organismos técnicos y no hacen juicios subjetivos ni cálculos políticos. Se basan en la evidencia científica y su trabajo consiste en recoger datos y hacerlas llegar a las administraciones competentes, que son las que deben adoptar las decisiones y lidiar con la emergencia”. La AEMET y la Confederación, ha dicho, actuaron con “rigor, honradez y transparencia”.
