La Policía Nacional ha detenido a una pareja con cinco hijos que hacía 10 años que cobraban ayudas públicas sin estar viviendo en España. En total, el matrimonio habría obtenido 140.281 € en ayudas sociales del Estado español mientras ellos vivían en Francia.
La investigación se inició después de que el Servicio Vasco de Trabajo-Lanbide alertara a la Policía Nacional porque una persona, con nacionalidad argelina y con tarjeta de residencia de larga duración en la UE, podría hacer tiempo que estaba recibiendo ayudas y prestaciones públicas del gobierno español sin estar residiendo en el país.
La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, descubrió que las sospechas eran ciertas y que el hombre abandonó España en el año 2014 con toda su familia: su mujer y sus cinco hijos.
Este matrimonio, para poder recibir estas prestaciones, las solicitó durante todos estos años a través de diversos formularios, donde figuran las obligaciones que deben cumplir los destinatarios de estas ayudas. Entre los requisitos está la obligación de los beneficiarios de avisar a la administración de posibles cambios que hicieran modificar las condiciones de las prestaciones, o incluso suspenderlas.
Entre estos cambios que deben notificarse, por ejemplo, está el aumento de ingresos de la vivienda familiar o un cambio de domicilio, pero esta pareja no notificó su traslado a Francia y continuaron cobrando las prestaciones.
Según las investigaciones de la policía, las ayudas a la pareja comenzó en el año 2008, y en total han recibido 177.912,13 € en ayudas. De esta cantidad, 140.281 € los recibieron desde 2014, año en que dejaron de vivir en el país. Además, en Francia, el padre de familia ha estado trabajando en diferentes empresas y también han recibido prestaciones por parte del gobierno francés.
Actualmente, los detenidos son titulares de tres vehículos —dos con matrícula francesa y uno con matrícula española—, y llegaron a tener un cuarto vehículo entre 2014 y 2016.
El Ministerio del Interior, en un comunicado, asegura que “la excelente colaboración entre la Policía Nacional, las autoridades policiales francesas y el Servicio Vasco de Trabajo ha permitido llevar a cabo esta investigación y la detención del matrimonio por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”.
