El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas que permitirá autorizaciones de residencia y de trabajo de un año a aproximadamente 26.000 inmigrantes afectados por la dana de Valencia. La medida supone la regularización de personas en situación irregular que vivían o trabajaban en alguno de los 80 municipios que sufrieron las riadas, así como en sus familias directas. El paquete incluye también prórrogas y la concesión de permisos, y potencialmente facilitará los trámites a 98.000 extranjeros no comunitarios que ya están empadronados en las zonas afectadas.
El ejecutivo había planteado esta regularización masiva en el mes de diciembre, pero la aplazó por dudas jurídicas sobre su alcance. En un primer momento, La Moncloa se planteaba prórrogas de los permisos de inmigrantes en situación regular, pero finalmente ha optado por abrir la regularización a inmigrantes que se encuentran en el Estado de forma irregular.
El Consejo de Ministros adopta la decisión tras abordar la cuestión con los sindicatos y empresarios de la zona, y una vez ha recibido el dictamen favorable de la Abogacía del Estado. También fruto de la visita que el presidente español, Pedro Sánchez, hizo a Valencia el 23 de enero.
La fórmula que se utilizará es una autorización de residencia “por circunstancias excepcionales sobrevenidas” que podrán solicitar los extranjeros empadronados –o con cita pendiente para hacerlo- a alguno de los municipios afectados desde el 28 de octubre.
Se pueden acoger también sus familiares directos. Eso son sus parejas, los hijos menores de edad –o los de su pareja- y los hijos mayores de edad con alguna discapacidad. En cuanto a los familiares extranjeros de víctimas mortales de las riadas, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
Además, la concesión automática de prórrogas y renovaciones beneficiará a estudiantes, voluntarios y a aquellos que ya tenían autorizaciones de larga duración que expiraban entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025.
Según el ejecutivo, se trata de “garantizar la seguridad jurídica de todas las personas extranjeras y de los empresarios de los municipios afectados” y las medidas se unirán al Plan de Respuesta Inmediata por la dana. El objetivo principal es “protegerlos ante las situaciones de máxima vulnerabilidad” y evitar que los inmigrantes “se puedan encontrar en una situación de irregularidad sobrevenida”.
“El gobierno es consciente de que las consecuencias devastadoras de la dana han impedido cumplir algunos de los requisitos exigidos por la normativa vigente de extranjería” y que la situación genera “inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas como para los empleadores y el resto de operadores sociales y económicos“, afirman fuentes del Ministerio.
Por este motivo, el paquete incluye en primer término la prórroga y renovación automática de las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo que expiren entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en los municipios afectados. Sólo se podrán denegar “por razones de orden público, seguridad o salud pública”. La solicitud debe presentarse o bien 60 días antes de que caduque el permiso o hasta 90 días después.
En segundo lugar, el ejecutivo facilita las autorizaciones de residencia y trabajo que dependan de estar dado de alta en la Seguridad Social. Lo hace porque entiende que algunos empresarios no han podido cumplir el trámite a consecuencia de la dana, y para evitar que los trabajadores extranjeros “caigan en la irregularidad sobrevenida”. Estas autorizaciones tendrán vigencia desde el momento en que las resuelva la Oficina de Extranjería.
En tercer lugar, se resolverán de manera favorable “todas las solicitudes de autorización inicial de residencia y/o trabajo, y de renovación, modificación o prórroga que estuvieran en trámite cuando tuvo lugar la dana y que, a consecuencia de la catástrofe, dejaron de cumplir alguno de los requisitos. Salvo, de nuevo, que concurran razones de orden público, seguridad y salud pública.
En cuarto lugar, el acuerdo establece que se podrá conceder una autorización de residencia por “circunstancias excepcionales sobrevenidas” a los extranjeros “y a sus familiares” que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por la dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 “y que no fueran titulares de una autorización de residencia”.
Estas autorizaciones tendrán vigencia de un año y permitirán que estas personas residan y trabajen en el Estado de forma legal. Todas las peticiones deberán presentarse en un plazo máximo de 3 meses, y cuando caduquen, las personas podrán solicitar la modificación de esta autorización por otra modalidad que esté prevista en el Reglamento de Extranjería.
En el caso de familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de cinco años.
El Ministerio cifra los potenciales beneficiarios en torno a las 98.000 personas, y en cuanto a las autorizaciones de residencia por circunstancias extraordinarias, “esta medida podrá ayudar a alrededor de 26.000 personas“.
