La Audiencia de Barcelona ha empezado a juzgar este martes a dos paparazis para fotografiar a la presentadora de televisión Mariló Montero en topless en la habitación de un hotel en la Polinesia Francesa en el 2015. Las fotos las ofrecieron en la revista del corazón ‘Lecturas’, que no las publicó porque no obtuvo el permiso de la periodista televisiva. Sin embargo, Montero pidió a un juzgado civil que impidiera la publicación en ningún otro medio y ganó una demanda por valor de 265.000 euros. Sin embargo, también presentó una querella contra el derecho al honor y la intimidad, que ahora se juzga. La fiscalía pide la absolución, pero la acusación particular pide seis años de cárcel.
La primera en declarar al juicio y ha sido la propia Montero . Explicó que desde que se separó del también periodista Carlos Herrera en 2011 la prensa del corazón empezó a perseguirla por todas partes. Se publicaban fotos de ella y de supuestas relaciones sentimentales que mantenía en portada, aunque aseguró que nunca vendió ninguna entrevista o exclusiva, al considerar que vulneraba su intimidad y privacidad y podía afectar a su credibilidad como periodista. Cambió sus hábitos de vida, pero aún así tuvo secuelas psicológicas por la presión mediática.
En un viaje con sus hijos a las islas Maldivas, mientras estaba en un barco privado con amigos para bucear a unos fotógrafos la captaron. Esto provocó que en unas vacaciones posteriores, la Semana Santa del 2015, planeara inicialmente un viaje con una amiga a las islas Bahamas pero en el último momento, y sin decirlo a nadie, lo cambiara por Bora-Bora, en la Polinesia Francesa.
Se alojaron en un ‘bungalow’ privado, sin acceso por tierra y con playa privada. Sin embargo, dos paparazis le habían conseguido seguir en el avión y la agencia del corazón había contratado a otros dos ‘in situ’. Allí la grabaron y fotografiaron con teleobjetivos cada uno de los diez días que se hospedó, sin que ella los viera, desde un ‘bungalow’ situado sobre el agua y frente al suyo. En las fotos se la veía recién levantada, en bikini y también en ‘topless’, mientras estaba en la terraza privada del ‘bungalow’.
La agencia Diegus SL, propiedad de ambos acusados, Gustavo González y Diego Arrabal, ofreció las fotos en ‘Lecturas’, que ya previó que era ilícito publicarlas porque se habían hecho mientras Montero estaba en un sitio privado y sin su consentimiento. La misma agencia y revista habían hecho y publicado las fotos de Maldivas, pero aquellas estaban en medio del mar.
El director de la revista, Luis Pliego, llamó al agente de la periodista para advertirle de que las fotos podrían acabar en la revista ‘Interviú’ . El agente llamó a su clienta y ésta acabó de hundirse anímicamente. Además, supo que otros periodistas habían visto las fotos y se especulaba con que mantenía una relación sentimental con su amiga. “Me sentí violada dos veces”, ha relatado. La periodista acabó marchando a vivir a Nueva York durante un año, lugar en el que también fue perseguida por la prensa rosa, aunque menos que en España.
Montero ha explicado que después de las Maldivas quiso ir a la otra punta del mundo y esconderlo a prácticamente todo el mundo para estar sola, tranquila y sin fotógrafos. No lo logró, y ahora dice que prácticamente no sale de casa, no viaja y nunca va a la playa para no ser grabada de nuevo.
Por su parte , Pliego ha ratificado que Montero nunca había pedido ser portada de la revista ni le habían pagado por ninguna exclusiva o entrevista.
También han declarado la compañera de viaje de la periodista, su agente y la trabajadora de la agencia de viajes que le gestionaba sus vacaciones, que básicamente han ratificado la versión de Montero. Su agente ha explicado que en dos ocasiones Montero había accedido a ser entrevistada por ‘Lecturas’ a cambio de no publicar ciertas fotografías ‘robadas’ a la periodista, como por ejemplo cuando salía de un hospital con mala cara.
La presentadora llevó primero el caso por la vía civil y en mayo del 2015 un juzgado civil de Madrid prohibió cautelarmente publicar y vender las fotos o vídeos. En diciembre del 2021 el propio juzgado de Madrid condenó a los fotoperiodistas por intromisión en el derecho al honor ya la intimidad personal y familiar. Se fijó una indemnización de 265.000 euros, pero los condenados recorrieron. Ahora se llega a la vía penal, que deja parada momentáneamente la vía civil. La fiscalía considera que el caso debe dirimirse por la vía civil y que los fotoperiodistas no son responsables de ningún delito penal.
