El gobierno español hace los primeros reconocimientos de confiscaciones franquistas

“Es un primer paso muy importante y necesario que avala el compromiso adquirido por el gobierno español”, destaca Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa ante la Dirección General más de 400 casos de miembros de la APIGF (Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista), que reclaman la reparación económica por el dinero requisado por la dictadura.

“Nos consta que el Ministerio continúa trabajando en la confección de la auditoría y del desarrollo reglamentario para establecer la forma de pago”, explica López.

“Los plazos para terminar la auditoría acaban a finales de año, de manera que coincidirán con los Presupuestos Generales del Estado”, ha comentado la abogada que ha señalado que las cuentas deberían incluir la partida que estime la auditoría. “Sabemos que no nos encontramos en una situación política muy estable y que los nuevos presupuestos podrían no salir adelante”, ha reconocido López que ha afirmado que este hecho no tiene por qué convertirse en un impedimento para que los familiares de los republicanos expoliados puedan cobrar lo que les corresponde: “El gobierno siempre deja partidas más genéricas para cumplir con compromisos adquiridos”, ha apuntado.

En este sentido, ha avisado de que “una vez se tenga el valor actualizado de la peseta, si la resolución es reconocer a estas personas como víctimas, que parece que sí, y el compromiso del gobierno es devolver a estos ciudadanos el dinero decomisado, que también parece que sí, el ejecutivo español tendrá tiempo durante 2025 para satisfacer nuestras reclamaciones”.

Dinero decomisado para financiar el gobierno franquista

El dinero que se quiere reclamar se expolió entre los años 1938 y 1941. Se trata de cantidades con las que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil. Estos cántabros se basaban en un decreto que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearla por billetes válidos.

Leire López ha advertido de que se trata de dinero que las familias no cedieron de forma voluntaria, sino que son ahorros que las fuerzas del orden exigieron bajo amenazas. A cambio las autoridades franquistas entregaron a estos ciudadanos unos títulos que, desde entonces, continúan depositados en el Banco de España: “Les decían que en el futuro ese dinero les sería devuelto, pero eso no pasó”, ha explicado López.

La letrada ha añadido que muchos de los títulos expedidos se perdieron porque los descendientes de los afectados no sabían qué eran. Al mismo tiempo, ha recordado que en otros casos, los títulos fueron utilizados como moneda de cambio, en una especie de pagaré o cheque, en diferentes transacciones económicas, por lo que algunos están en manos de terceras personas.

Con todo, López ha aclarado que “la ley de Memoria Democrática sólo reconoce como víctimas a los descendientes directos de los expoliados”. Por este motivo, ha argumentado, sin estos lazos de parentesco, los títulos no tienen valor.