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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La investigación se dirige a empresas que administran centenares de viviendas turísticas en todo el estado español y que podrían estar cometiendo, aparte de prácticas engañosas, infracciones de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios. La acción se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, a pesar de tener licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la normativa por parte de empresas de intermediación que operan en diferentes puntos de España. En concreto, estarían cometiendo prácticas comerciales desleales.
La ley de competencia desleal considera que es una práctica engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que, a pesar de ser veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios. La misma norma recoge en otro artículo algunos supuestos de prácticas que se considerarían engañosas, como por ejemplo “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como consumidor o usuario”.
Esta investigación sigue a la que Consum abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística. Además, en octubre se empezaron a investigar varias agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Estas prácticas serían por ejemplo obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, así como aceptar cláusulas irregulares.
